A primera hora de este lunes, la Cámara de Diputados notificó a los tres ministros de la Corte Suprema respecto a la acusación constitucional presentada la semana pasada, por la libertad que concedieron a un grupo de reos que cumplían condenas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
Con esto, comienzan a regir los plazos legales, los que cuentan con dos etapas: la primera recae en la Cámara, donde la comisión ad hoc que integran Leonardo Soto (PS), Carolina Marzán (PPD), Natalia Castillo (RD), Renzo Trisotti (UDI) y Esteban Velázquez (FRVS), deberá declarar si es procedente la tramitación de la misma.
La segunda, en tanto, está a cargo del Senado donde se debe dirimir el fondo del asunto, declarando si los jueces acusados – Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama- son o no culpables.
En tanto, los ministros del máximo tribunal no podrán abandonar el país y tienen un plazo de 10 días para presentar su defensa, la que pude ser presencial o por escrito.
Una vez que dicho plazo finalice, la comisión deberá emitir un informe, y antes que la Cámara inicie el debate, los aludidos podrán acudir a la “cuestión previa”, aduciendo si la acusación cumple o no los requisitos. En caso de aprobarse, la acción no puede avanzar.
Una vez que se redacte el informe de la comisión, la Cámara sesionará diariamente para ocuparse de la acusación, y en la última sesión se votará la admisibilidad de ésta. En caso de desechar la “cuestión previa”, o en caso de que los jueces no acudan a ella, comenzará la discusión respecto a la recomendación del informe de la comisión, que puede ser aprobar o rechazar la acusación.
Si se rechaza, la acusación no tiene futuro alguno. Pero en caso de que se apruebe, se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado.
