El reciente fallo del Tribunal Constitucional, el cual quita a los funcionarios del sector público el derecho a utilizar la tutela laboral “entregaría impunidad a los gobiernos de turno para despedir funcionarios públicos”. Así lo afirmó la Bancada Socialista mediante un comunicado, donde también rechazan el “uso permanente y regular” del TC por parte del Gobierno para “quitar derechos e impedir cambios”.
Según señala este comunicado, el Tribunal Constitucional ha resuelto mediante sentencia dictada en causa rol N° 3853-17-INA declarar inaplicable los artículos 1 y 485 del Código del Trabajo que establecen, por una parte, la aplicación supletoria de las normas y garantías del Código del Trabajo a los funcionarios públicos y, por la otra, la tutela laboral de derechos fundamentales.
A juicio del senador José Miguel Insulza, “este cambio en la doctrina del Tribunal Constitucional deja en el desamparo a los funcionarios que son desvinculados de la administración del Estado justo en momentos en que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está realizando miles de despidos en todos los servicios y en todas las regiones del país”.
“La decisión de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional de quitar a los funcionarios públicos el principio de la tutela de derechos fundamentales a los trabajadores del Estado, en momentos en que están siendo despedidos por miles a lo largo de todo Chile, es vaciar la Constitución de sentido y de legitimidad”, agregó por su parte el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Pablo Letelier. “Si para algo sirve la Constitución, es para amparar a los perseguidos y a quienes son víctimas del abuso en sus derechos. La mayoría de derechas que hoy tiene el Tribunal Constitucional deja en el desamparo más absoluto a los trabajadores del Estado en su hora más oscura”, indicó.
A su vez, el senador Álvaro Elizalde manifestó que “rechazamos el alineamiento que la mayoría del TC y el Gobierno de Sebastián Piñera hacen para dejar a los trabajadores públicos sin derechos fundamentales y sin su fuente laboral. Con la decisión de quitarle el amparo de sus derechos el Ejecutivo queda con manga ancha para despedir trabajadores del Estado”.
Y es que, a juicio del jefe de la bancada PS, Rabindranath Quinteros, “el Tribunal Constitucional es una institución absolutamente deslegitimada a esta altura, después de privar de derechos a los consumidores, a las mujeres, que ha paralizado causas de DDHH, que ha impedido dotar de facultades a la Dirección de Aguas, que ha rebajado las multas a empresarios que violaron las normas de la libre competencia, entre otros fallos vergonzosos. Su último legado, quitarle el derecho a defensa y al amparo constitucional a los trabajadores públicos”.
Los senadores socialistas rechazaron además “el entendimiento y el uso permanente y regular del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno para quitar derechos y para impedir cambios que demanda la mayoría de los chilenos a través de leyes aprobadas por el Congreso”.
