El subprefecto David Castro, quien hasta este sábado se desempeñaba como jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Región Metropolitana de la PDI, fue formalizado por un presunto delito de carácter sexual contra una funcionaria de la institución.
La causa está a cargo de la Fiscalía Centro Norte y según los antecedentes presentados ante el tribunal, los hechos se habrían registrado después de una actividad privada organizada por funcionarios durante las celebraciones de Fiestas Patrias.
Tras el encuentro, un grupo de funcionarios se trasladó hasta el departamento de otro integrante de la institución. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, fue en ese lugar donde habría ocurrido el episodio denunciado.
La investigación contra funcionario de PDI por presunto abuso sexual
La fiscal adjunta Marcia Arancibia entregó detalles sobre la secuencia de los hechos después de la audiencia. Explicó que la reunión se produjo luego de las actividades que los funcionarios suelen organizar durante las celebraciones de septiembre.
“Habiendo pasado las fiestas del 18 de septiembre, todos en su lugar de trabajo regularmente realizan actividades de distinta índole para celebrar. Ellos estaban en ese contexto celebrando la típica junta de trabajo y luego de esa junta se reunieron a su vez en el domicilio de un colega y es el lugar donde ocurren estos hechos”, expuso a 24 Horas.
La Fiscalía también incorporó a la investigación registros fotográficos. Según lo expuesto durante la audiencia, compañeros de la denunciante habrían captado mediante fotografías parte de la situación que ahora indaga el Ministerio Público.
Otro de los puntos abordados durante la formalización fue el estado en que se encontraba el imputado al momento de los hechos. La Fiscalía sostuvo que, según su tesis investigativa, Castro estaba consciente cuando habría realizado la conducta que se le atribuye.
“Lo cierto es que el imputado, a juicio nuestro, se encontraba en sus cabales cometiendo o realizando la conducta que en nuestro juicio es constitutiva de delito”, afirmó Arancibia.
El tribunal estableció un plazo de 90 días para desarrollar las diligencias pendientes. Durante ese periodo, Castro deberá cumplir arraigo nacional y tendrá prohibido acercarse a la denunciante y a su lugar de trabajo. Además, no podrá portar armas mientras permanezcan vigentes las medidas cautelares.
