El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pidió a Chile que tenga una mayor dureza para enfrentar los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, evitando dar beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En un pronunciamiento oficial, el organismo solicitó al gobierno que “adopte las medidas necesarias para garantizar que los responsables de desaparición forzada sean siempre sancionados con penas apropiadas, que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito”.
Tras esto afirmó que ve “con preocupación” que algunos condenados puedan tener atenuantes en un sentencia por la “conducta anterior irreprochable” o por la sustitución de penas en prisión por libertad condicional.
El comité también recordó que aún no se han iniciado los procesos judiciales en 355 casos de secuestro, detención ilegal, aplicación de tormentos y desapariciones reconocidos (frente a 834 causas sí abiertas). Adicionalmente solicitó trabajar en las investigaciones sobre la sustracción de menores, donde las autoridades investigan el robo de 341 niños (279 durante la dictadura).
El informe también consignó algunos casos de detenidos desaparecidos ocurridos en democracia, los que según la ONU, han tenido un lento avance.
