Los diputados Juan Luis Castro (PS) y Miguel Crispi (RD) presentaron un requerimiento a Contraloría para solicitar que se suspenda el financiamiento del Hospital Digital, esto mientras no exista un respaldo de una ley de la República que constate el bueno uso de recursos públicos y ejecución con probidad.
“En el presupuesto del 2019 se aprobaron 31 mil millones de pesos para el denominado hospital digital. Es un párrafo muy pequeño y que durante este año el ministro de Salud se ha encargado de promover e informar cual es el funcionamiento y hemos convocado al ministro que fue la semana pasada al Congreso. Hay dos aspectos que han quedado meridianamente claros que nos parecen extremadamente graves”, expresó Castro.
Según el parlamentario, “lo anunciado, nada tiene que ver con lo realizado, vale decir, se prometió especialidades para absorber las listas de espera que llegan a un millón y medio de chilenos, con una crisis hospitalaria severa en plena campaña de invierno y donde no hay más de 10 mil personas atendidas en 6 meses“.
“Un edificio en el centro de Santiago, con 18 funcionarios, cada uno con un computador ultramoderno, que se supone que atienden personas por internet, en áreas de dermatología, diabetes y nefrología, en circunstancias que se prometió para una larga lista de especialidades“, agregó.
El legislador afirmó que en las comunas de Puente Alto y La Florida, donde se inició el piloto del proyecto, “o no se llega a un especialista o estos están desbordados como lo declararon los dermatólogos que recibe 200 interconsultas diarias sin poder resolverlas o bien la información al público y a los operadores de este sistema se ignora completamente para que esto sea una realidad“.
El diputado Crispi sostuvo que “el Hospital Digital es una buena idea, pero se está implementando de la peor forma, y eso es sobre la base de cuantiosos recursos que no están respaldados por ley”.
“Aquí la oposición va a estar disponible para que se haga más eficiente la prestación, pero no de esta manera. Necesitamos los reglamentos, los protocolos, los contratos, los tipos de convenio. Le vamos a pedir a la Contraloría que se pronuncie sobre los estándares de probidad y le vamos a pedir al Ministro Santelices que ingrese una ley que garantice que los 31 mil millones de pesos se estén implementando de manera eficiente”, puntualizó.
