Con un amplio respaldo, la sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, el que se enmarca en la llamada Agenda de Seguridad elaborada por el Gobierno tras el estallido social de octubre.
La iniciativa modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas. Fue aprobada por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones.
Los diputados que votaron en contra de la medida fueron Florcita Alarcón (PH), Hugo Gutiérrez (PC), Amaro Labra (PC), Esteban Velásquez (FRVS), Félix González (Ecologista), Pamela Jiles (PH) y Emilia Nuyado (PS).
El proyecto, que ahora pasará al Senado, establece que quien tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público durante una manifestación o reunión pública será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años.
En la normativa, el desorden público se define como la “paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”.
A esto se agrega la “destrucción de vivienda, industria, establecimiento comercial, oficina pública o privada”, y el “incendio de objetos para impedir el libre tránsito de las personas o vehículos”.
El proyecto también indica que se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos.
La propuesta había sido ingresada el 25 de noviembre pasado por los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Miguel Ángel Calisto (DC), Gabriel Silber (DC), Matías Walker (DC) y Marcela Sabat (RN).
