El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, José Luis Pérez Calaf, fue designado para investigar la denuncia del Gobierno en contra de quienes resulten responsables por la suspensión de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), apuntando directamente a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y sus voceros: Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado.
Pérez Calaf deberá tramitar también otras denuncias como la presentada por los diputados de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, Francisco Eguiguren y Paulina Núñez, junto al presidente de la juventud RN, Javier Molina, ante la Fiscalía Nacional, debiendo tomar decisiones respecto a las diligencias que se adoptarán en contra de los denunciados.
El Gobierno ya había anunciado la presentación de 16 querellas contra 34 personas por desórdenes y otros delitos. Además, el ministerio del Interior realizó una denuncia ante el Ministerio Público detallando que “aproximadamente a las 17:00 horas del día lunes 6 de enero de 2020, en dependencias de la sede de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, en calle Sócrates 1237, comuna de Ñuñoa, se realizó una conferencia de prensa por parte de la agrupación denominada ACES a cargo de Víctor Chanfreau”.
La denuncia a la cual tuvo acceso EL DÍNAMO agrega que en dicha conferencia se señaló, entre otras cosas, que “se va a intensificar de todas maneras las movilizaciones, hoy día existieron más de 80 sedes donde se suspende la PSU y mañana los mismos estudiantes que nos tocaba en esta sede, con el conjunto de los estudiantes movilizados, vamos a estar mañana en las calles suspendiendo también la PSU en otras sedes, el llamado es claro a tomarse durante las noches y la madrugada, también a manifestarnos tanto afuera como adentro de los liceos”.
Se menciona también que Aylén Salgado, quien declaró públicamente que la suspensión del examen “no es un triunfo solamente para los estudiantes secundarios, sino para el pueblo en su conjunto. Se pudo filtrar la prueba y pudo difundirse“.
Esta denuncia invoca la Ley de Seguridad del Estado, arriesgando penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio, esto es, de 61 días a 3 años de presidio de ser encontrados culpables.
