A tres años de los incendios forestales que azotaron la comuna de Constitución, específicamente a la localidad de Santa Olga, se ha avanzado un 85% en la reconstrucción. Asimismo, se construyeron 668 muros de contención en las localidades de Santa Olga y Los Aromos como inédita medida de mitigación para deslizamientos de tierra y escombros.
Son 120 mil metros cúbicos de hormigón armado, equivalente a 300 km. de camiones que abarcan un radio desde Santiago a Santa Olga. “Estos muros van desde uno a ocho metros de altura dependiente del emplazamiento que vaya teniendo”, aseguró la Encargada Nacional de Reducción de Riesgo y Reconstrucción, Bernardita Paúl.
De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), dichos lugares eran asentamientos irregulares que con el tiempo manifestaron su vulnerabilidad territorial por eventos como los incendios, además de amenazas como deslizamientos de tierra y escombros.
El plan de reconstrucción tras los incendios de Santa Olga busca regularizar la habitabilidad del sector. “Queremos reconstruir y crear ciudades resilientes, para que las familias puedan vivir seguras y tranquilas”, expresó Paúl.
Reconstrucción
Se estima que durante el primer semestre de 2020 pueda estar finalizada la reconstrucción tras los incendios de Santa Olga, con un costo total que sobrepasó los $60 mil millones.
Sólo en el ámbito de vivienda, la iniciativa abarcó 1.199 soluciones habitacionales en la región con 829 medidas para las localidades de Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán.
Se utilizaron 370 subsidios más para la recuperación de la habitabilidad de familias afectadas por los incendios en los sectores rurales que abarcaron comunas como Empedrado, San Javier, Cauquenes, Hualañé, Chanco, Parral, Maule y Molina. A eso se le suma el aporte de otras carteras gubernamentales, empresas privadas y fundaciones sin fines de lucro que significaron un 20% del total del proceso de reconstrucción.
El Minvu además informó del curso de un proceso administrativo contra 10 personas para dejar sin efecto el beneficio habitacional que obtuvieron a raíz de los incendios de 2017 y que, tras una resolución indagatoria, estas personas no pudieron acreditar calidad de propietario ni lugar de residencia o del grupo familiar al momento en que los inmuebles fueron siniestrados por los incendios.
