La controversia por la demolición de las casas levantadas en El Olivar en el marco del proceso de reconstrucción sumó un nuevo capítulo, luego que el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso acogiera una petición de la Constructora San Sebastián para pedir el informe de un perito ingeniero o constructor civi.
La medida viene tras el inicio de la demolición de las viviendas construidas por la empresa por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, aduciendo fallas estructurales.
Esto involucra a 170 inmuebles, por lo que la constructora recurrió a la justicia para conseguir una medida prejudicial probatoria de la mano de un informe pericial.
El abogado Jaime Barrientos explicaba en su presentación que la demolición “producirá la destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual de mi representada y, al mismo tiempo, alterará ilegítimamente la carga de la prueba que corresponde al Serviu Valparaíso respecto de los defectos e irregularidades técnicas que imputan a esta parte”.
Ante esto, se pide “la inspección personal del tribunal respecto de las viviendas y obras ejecutadas al amparo de los contratos de construcción objeto de esta solicitud, así como la designación de peritos que informen acerca del estado actual de dichas viviendas terminadas y obras de construcción”.
Esto, por “el riesgo de desaparición de las evidencias materiales para la prueba de hechos esenciales objeto del futuro”.
Ante esta resolución del Poder Judicial, el Minvu respondió en una declaración pública que “dicha resolución solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil. El texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición”, se lee en el comunicado público.
“Los informes de DITEC del Minvu y IDIEM de la Universidad de Chile, confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales de las viviendas construidas para los damnificados de los incendios que afectaron a El Olivar en Viña del Mar el año 2024, siendo deber del Estado resguardar la seguridad e integridad de las familias”, sentenció.
