El debate sobre el registro incivilidades plantea cuestiones de fondo. Si el joven vulnerable destruye e ingresa al registro, pierde la posibilidad de seguir estudiando; si lo hace el joven con recursos, no ocurre lo mismo. El castigo entonces, sería desigual. Pero sería también estigmatizante: un mismo acto produciría castigo institucional solo cuando se tiene menos. Por último, si alguien ingresa por mera denuncia, sin mediar proceso ni resolución fundada e impugnable, la propuesta se vuelve derechamente problemática desde un punto de vista constitucional.
Estos argumentos son razonables, y, sin embargo, no son suficientes. No abordan con matices un problema que es mucho más profundo y que, explica a mi juicio, la adhesión ciudadana que concita la propuesta.
Por una parte, al ciudadano común que infringe una norma acotada pero no desafía abiertamente el orden como quien destruye, se le cobran multas empadronadas, se le liquidan impuestos unilateralmente, y se le incluye en registros públicos con eficacia implacable. Los chilenos saben por experiencia, que el sistema legal admite que las decisiones de la autoridad tengan efectos inmediatos, y solo ofrezcan control posterior. Procesos teóricamente abiertos, pero que, en los hechos, permiten al SII, al Servel, a la Tesorería o a los Juzgados actuar como jueces y partes, presentando casos imposibles de desmontar, frente a los cuales el link de pago anticipado aparece como la mejor opción.
Entonces las personas comienzan a preguntarse por qué el Estado es tan pudoroso con quienes destruyen lo común y cuestionan abiertamente su autoridad; y, en cambio es tan resuelto con contribuyentes, automovilistas, dueños de mascotas, o hinchas del futbol. Para unos, cámaras y nóminas serían vejatorias; para otros, se trata de mecanismos perfectamente legítimos, cuya presencia aumenta casi a diario sin escándalo de nadie.
Hay además otra cuestión relevante. El análisis desde arriba es hábil en detectar el riesgo de estigmatización, pero torpe para notar el paternalismo implícito en su reclamo. Los beneficios sociales no son premios morales, pero sí son cupos, recursos y oportunidades escasas. Mirarlos solo desde quien los pierde invisibiliza a quien nunca los obtuvo. Cada beneficio asignado a alguien que desprecia las reglas comunes puede desplazar a otro joven vulnerable que sí respeta la institucionalidad.
El problema se despeja, en parte, distinguiendo entre fines y medios. Es verdad que, si el Estado busca autoridad, no debe comenzar estigmatizando la pobreza. Pero eso solo ocurre si el proyecto plantea que la consecuencia central del vandalismo es la pérdida de beneficios sociales. En cambio, si se explicita que su objetivo principal es hacer efectiva la responsabilidad civil de padres y adultos, la propuesta se vuelve más nítida. El vandalismo no es solo desorden público: es daño concreto a una escuela, una micro, una plaza o una estación. Si lo causa un menor sin patrimonio, el derecho ya dispone de una regla básica que necesita implementar: responden quienes tienen a su cargo su cuidado. No como venganza, sino porque educar, vigilar y reparar son dimensiones de una misma responsabilidad. Por eso, el Estado debiera asegurar la identificación del daño, cobro eficaz, pago en cuotas, el trabajo comunitario serio y destino visible de lo recaudado. Pero también, legítimamente, el Estado debiera privar de derechos sociales a quien no lo respeta y priva a otro de la posibilidad de estudiar.
La fórmula correcta no es estigma ni impunidad. Es responsabilidad, resolución fundada, reparación exigible, proporcionalidad, protección de datos y debido proceso. Pero también consecuencias reales. Porque el Estado de Derecho se erosiona cuando la ley llega puntual al buzón del ciudadano que paga, pero nunca toca la puerta de quien rompe, y, sobre todo, de quien cuestiona abiertamente la autoridad y la legitimidad democrática de la vida en común.
