Con fuertes críticas reaccionó el gobierno al denominado “caso Cencosud“, empresa que determinó repartir utilidades más allá del mínimo legal a pesar de haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo para los trabajadores de París. En ese sentido, desde el Gobierno aseguraron que entregarán todos los antecedentes a la justicia.
“Para la ciudadanía resulta inentendible -y para el Gobierno también- que la empresa se acoja a la Ley de Protección de Empleo, que supone sacrificios monetarios relevante para los trabajadores y el uso indirecto de recursos fiscales (…) y se reparta el 80% de las utilidades que es casi tres veces lo legal (30%). La verdad que las dos cosas no conversan”, expresó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en Emol TV.
“En una crisis como esta, las señales importan, importan mucho, particularmente para un elemento que es clave que es la confianza y señales como esta no contribuyen en esa dirección, quiero ser bastante claro en esta materia”, agregó el secretario de Estado.
Paralelamente, en Radio Universo, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar aseguró que “si una empresa hace mal uso de esta ley, o si una persona natural hace mal uso de esta ley, hay sanciones que son sumamente gravosas”.
Por tal motivo, la secretaria de Estado indicó que “los antecedentes se van a poner ante los tribunales de justicia para que ellos resuelvan si es que corresponde o no se les apliquen las penas, que son de privación de libertad, de tres a cinco años”.
“Repartir un 80% de las utilidades en un momento en que no hay tantos ingresos para pagar los sueldos, no nos parece que se ajustaría al concepto de estar en un estado de necesidad”, concluyó Zaldívar.
