Como admisible fue declarada la querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) -a nombre de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos- en contra de los ministros del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica y José Vásquez. De acuerdo al documento ingresado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, las autoridades habrían incurrido en los delitos de cohecho y prevaricación.
“Hemos podido conocer de manera personal y confidencial, un posible modus operandi de esta trama de eventual corrupción y prevaricación antes ya revelada por una de sus propios miembros”, afirmó Gutiérrez en el documento.
La polémica, sin embargo, inició mucho antes cuando en conversación con La Tercera la actual presidenta del TC, María Luisa Brahm, aseguró que algunas causas relacionadas con los derechos humanos “estuvieron detenidas por mucho tiempo” de manera arbitraria, lo que según dijo, “estaría al límite de la corrupción”.
Según la querella presentada por el diputado y aceptada por la jueza Tatiana Escobar, la idea es que el Ministerio Público -a través de la fiscal Ximena Chong- pueda indagar las presuntas reuniones que habrían sostenido Aróstica y Vásquez con el abogado Enrique Navarro, quien sería el representante de varios casos que luego fueron resueltos por los ministros del TC.
“Hemos conocido de gran cantidad de informes en derecho que presenta cierto ex ministro del TC, señor abogado Enrique Navarro Beltrán, quien mantendría una amistad y parentesco por afinidad con los señores Ministros Vásquez y Aróstica y quienes llama la atención que votan de manera constante y uniformemente, al unísono, de lo que dicho abogado plantea en sus informes, logrando adicionalmente suspensiones de causas por más de 1 año o inadmisibilidades según corresponda”, precisó luego el parlamentario.
El rol clave del Club de la Unión
Uno de los puntos que pidieron investigar desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue la veracidad de ciertas reuniones al interior del Club de la Unión que habrían concretado los acusados.
“Se reunían periódicamente en el Club de la Unión con el abogado que contrató una parte para hacer un informe en derecho, si en consideración de dichas reuniones periódicas que suponen al menos amistad y proximidad, se debió inhabilitar uno, ambos o más ministros, ya que se puede entender que dan auxilio o consejo de lo que deben hacer a la otra parte por medio del abogado que contrataron para hacer el informe en derecho”, se afirmó en el documento.
También pidieron precisar cuánto dinero recibe el abogado Enrique Navarro por cada informe en derecho, con el propósito de saber “si está dentro de la lógica del mercado. A su vez si alguno de los informes fue desfavorable a la parte que lo presenta, puesto que el informe es un análisis objetivo del pleito hecho por un especialista, pero en este caso parece alinearse con una postura, la de quien le paga”.
