41 parlamentarios opositores acuden al Tribunal Constitucional por proyecto de Ley de Migración
De acuerdo a la solicitud apoyada por los diputados Boris Barrera (PC) y Catalina Pérez (RD), la legislación violaría los derechos humanos de menores de edad.
Por Hernán Claro
Hasta el Tribunal Constitucional (TC) acudieron organizaciones sociales apoyadas por parlamentarios de la oposición para pedir a la instancia su pronunciamiento respecto al proyecto de la Ley de Migración y Extranjería que fue despachada el pasado 3 de diciembre.
De acuerdo al documento que firmaron 41 parlamentarios de la izquierda y centroizquierda, entre ellos Catalina Pérez (RD) y Boris Barrera (PC), la nueva legislación restringiría los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus padres que deciden migrar a Chile.
“Nos parece que el proyecto de ley impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera no avanza en el sentido correcto. Muy por el contrario, algunas de las normas propuestas representan graves restricciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes y, entre ellos, de niños, niñas y adolescentes. Otras, por su parte, contravienen principios básicos que rigen los procedimientos administrativos sancionatorios, así como el principio de reserva legal”, explicaron.
El requerimiento cuenta con el apoyo de organizaciones sociales como Movimiento Acción Migrante, la Red Nacional de Migrantes y pro Migrantes y la Coordinadora Nacional de Migrantes.
Los artículos de la Ley de Migración a impugnar
Según explicaron los solicitantes, en total son 13 los artículos que buscarán impugnar con el Tribunal Constitucional (TC) porque violarían los derechos humanos de los migrantes.
Uno de ellos hace referencia a la vulneración de los derechos de menores de edad porque no existiría una “protección a la niñez cuando esta acompaña a una persona que es retornada o es expulsada y, además, desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan”.
“Además se crea el Servicio Nacional de Migraciones, sin embargo, mantiene la potestad al Subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida, sino meramente por razones de seguridad interior o exterior las que calificaría él mismo, por sí y ante sí”, agregaron.
Al respecto, la diputada y presidenta de RD, Catalina Pérez, indicó que en la oposición están preocupados porque el proyecto de La Moneda “no se hace cargo del fenómeno migratorio en Chile con un foco de derechos humanos”.
“Necesitamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la evidente violación de DD.HH de la aprobada legislación que retrocede en materia de derechos fundamentales. Estamos frente a un Gobierno que ha utilizado la migración en términos populistas para no hacerse cargo de crisis que actualmente existe en nuestro país”, solicitó.
