La Contraloría General de la República (CGR) descartó que existieran irregularidades en la entrega de datos personales de las personas que hicieron el retiro del 10% de sus fondos de pensión, información que fue requerida por el Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones.
Según el pronunciamiento de la Contraloría, la decisión de la Superintendencia de Pensiones de entregar la información requerida se ajustó a sus facultades legales, indicando que el servicio actuó de manera diligente o dando cumplimiento a lo que establece la normativa vigente.
“El Ministerio de Hacienda se encuentra facultado para requerir de otros organismos públicos los datos personales y la información asociada al ámbito previsional que posean para el ejercicio de sus funciones”, explicó la Contraloría, reiterando que este tipo de requerimientos deben darse “adoptando los resguardos necesarios para asegurar la reserva de la información y su correcta utilización en el marco de la órbita de competencia del órgano”.
“No se advierte irregularidad en el actuar del Ministerio de Hacienda”, concluyó el órgano contralor.
Por su parte, el Consejo para la Transparencia (CPLT) -otro organismo que fue requerido para pronunciarse sobre la solicitud de datos personales de quienes retiraron su 10%- indicó que la información solicitada por el Ministerio de Hacienda resultó consistente “con los objetivos legítimos perseguidos”.
“Habiendo sido declarada y acreditada la habilitante legal para el tratamiento de los datos personales requeridos a la Superintendencia de Pensiones, este Consejo estima adecuada dicha operación a las disposiciones contenidas en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada”, expresó el informe respecto de la información de personas que retiraron su 10% de los fondos previsionales.
