La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó su declaración al Ministerio Público respecto a las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado tras el estallido social.
Esto, luego que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo de una serie de querellas por eventuales crímenes de lesa humanidad, le enviara un cuestionario de nueve preguntas en octubre pasado.
Según consignó La Tercera, Bachelet envió sus respuestas el 10 de diciembre, explicando las implicancias de la visita a Chile de la delegación del organismo durante noviembre de 2019 y sus encuentros con el Gobierno de Sebastián Piñera.
Entre sus respuestas, la ex Presidenta destacó que “había razones fundadas” para sostener tras el 18-0 que se produjo “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, donde pone énfasis en el uso excesivo o innecesario de la fuerza, lo que habría resultado en torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Junto con ello, apuntó que estos hechos se cometieron en su mayoría en la zona urbana de la Región Metropolitana.
Consultada sobre el seguimiento a las recomendaciones realizadas por la ONU, Bachelet dio cuenta que se está elaborando un documento que detallará si se cumplió lo propuesto a Chile.
Para ello, la Oficina Regional para América del Sur “ha mantenido un diálogo con diversas autoridades para conocer sus versiones, perspectivas y datos sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las movilizaciones”.
En esta línea, Bachelet explicó que se sostuvo reuniones regulares con diversas autoridades chilenas, salvo el Ministerio de Defensa y del Interior “por razones ajenas a la Oficina”.
Entre las querellas que tramita la fiscal Claudia Perivancich están las presentadas a autoridades como Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Mario Rozas, entre otros.
