La Contraloría informó que este miércoles concluyó el proceso sumarial que inició el 26 de noviembre de 2019, para determinar eventuales responsabilidades administrativas de superiores y personal de Carabineros, durante el estallido social.
Esto tras la recepción de una serie de denuncias debidamente individualizadas, relativas al actuar de la policía uniformada a contar del 18 de octubre de 2019, y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Según dice, la facultad de la Contraloría para perseguir responsabilidades administrativas de Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución política del país.
“La facultad de la Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración, y en el artículo 133 de la ley N° 10.336, que sostiene que ‘el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos’. Dicha facultad se regula, en específico, en la resolución 510, de 2013”, consignó en un comunicado.
Ahora, el sumario fue enviado a las autoridades competentes para la aplicación de las medidas disciplinarias propuestas por la Contraloría, explicó el ente contralor.
Según consignó T13, el organismo propuso suspender al director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, por sus acciones como jefe de la Zona Metropolitana Este, al subdirector de la entidad, general inspector Mauricio Rodríguez y al general en retiro Jorge Ávila, otrora jefe de la zona de Control de Orden Público, por no corregir el actuar policial de orden público.
