Consejo de Defensa del Estado amplió querella contra alcalde de San Ramón
El organismo acusa a Aguilera de enriquecimiento ilícito, cohecho y soborno, delitos que se añade al fraude al fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible.
Por Carlos Escobar
El próximo lunes se llevará a cabo la audiencia de formalización de Aguilera, tras varios cambios de fecha. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una segunda ampliación de la querella criminal interpuesta en diciembre de 2018, y ampliada en enero de 2021, contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, dos funcionarios del municipio y quienes resulten responsables por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y soborno.
Los nuevos antecedentes incorporados a la investigación que desarrolla el Ministerio Público dan cuenta que Aguilera, durante el ejercicio de su cargo como concejal y luego como alcalde de la Municipalidad de San Ramón, habría obtenido un incremento patrimonial relevante e injustificado por la suma de $283.363.458, durante el período comprendido entre febrero de 2012 y septiembre de 2017.
Estos antecedentes fueron revelados en informes contables sobre los movimientos registrados en dos cuentas corrientes personales de Aguilera, que identifican montos por sobre sus remuneraciones efectuados mediante múltiples depósitos en efectivo por caja.
El presidente del CDE, Juan Peribonio, aseguró que esta acción legal por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y soborno “se añade a las dos presentadas anteriormente por delitos de fraude al fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible, contra el alcalde y otras personas, indistintamente; delitos de corrupción que van configurando una maraña de ilícitos que afectan gravemente la legalidad vigente, el patrimonio municipal e irrogan un daño profundo a la confianza de la ciudadanía en las Instituciones y en la rectitud y probidad con que deben actuar los funcionarios públicos”.
Pagos por licitaciones
Adicionalmente, los hechos contenidos en la investigación indican que el alcalde habría aceptado beneficios económicos a su favor consistentes en pagos de dinero en efectivo depositados en su cuenta corriente por $9.900.000, $4.000.000 y $3.000.000 desde la cuenta bancaria de uno de los funcionarios querellados, por adjudicar dos contratos de licitación a la empresa Asesorías en Investigación Social Ltda., los que obtuvo mediante la infracción a los deberes de su cargo y a las obligaciones legales de la normativa aplicable.
De acuerdo con la ampliación de la querella presentada por el CDE, el mencionado funcionario no sólo realizó transferencias al alcalde de San Ramón, sino que ofreció y dio a un segundo empleado municipal un beneficio económico por el cargo que le correspondía ejercer como miembro del Programa de Mejoramiento de Barrios, en específico, como administrador de contrato o contraparte técnica en los proyectos Paseo Peatonal La Bandera y Paseo Peatonal Almirante Latorre, ambos adjudicados a la empresa en cuestión.
Este funcionario, también querellado por el Consejo en la ampliación, habría recibido transferencias electrónicas que no le correspondía percibir por un total de $900.000, por realizar funciones propias de su cargo como la revisión de carpetas técnicas de la empresa adjudicataria, dar visto bueno o realizar observaciones, entre otras tareas.
Alcalde de San Ramón en la mira del CDE
El CDE participa activamente en esta investigación desde diciembre de 2018, mediante la interposición de una querella criminal ante el 15º Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de fraude al fisco en contra de seis personas y el alcalde, a quien le imputó el delito de designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal.
La querella también acusa del delito de negociación incompatible a un concejal de dicha comuna por hechos relativos al proyecto municipal Mejoramiento de áreas Verdes y Espacios Públicos.
Posteriormente, en enero de 2021, el CDE presentó la primera ampliación de su querella por eventuales ilícitos detectados en el marco del programa Chile Crece Contigo, dependiente del Departamento de Salud del municipio, relacionados con funcionarios y particulares que fueron contratados con cargo a dicho programa sin prestar servicios efectivos para éste, percibiendo remuneraciones y honorarios improcedentes.
