La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer las conclusiones de su informe de cara a la visita que realizó a nuestro país entre el 25 y 31 de enero de 2020, para conocer las consecuencias de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019.
En el informe se analiza la institucionalidad democrática vigente; las demandas ciudadanas en el marco de las protestas sociales; la respuesta del Estado a las protestas; así como las medidas adoptadas por éste para atender las demandas de la población.
La CIDH destaca que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, “en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica”, además de detallar aquellos actos de violencia en que excedieron los límites de la protesta pacífica.
Respecto a las demandas de la población, éstas “se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.
En la misma línea, celebró la instalación de la Convención Constitucional, calificándolo de “un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de derechos humanos para todas las personas”.
En tanto, la respuesta del Estado a las manifestaciones por parte de los órganos encargados del orden, se caracterizó por patrones de violencia y el uso excesivo de la fuerza, que resultó en la pérdida de 5 vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del estallido social, así como cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares.
Para el organismo estos hechos son “incompatibles con los estándares interamericanos de Derechos Humanos y con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en esta materia”.
La Comisión Interamericana espera que este informe “contribuya con garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Chile; haciendo un llamado al Estado a continuar y profundizar sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, y a mantener un diálogo abierto y respetuoso con los organismos internacionales de derechos humanos y con toda la sociedad”.
