Ministro Muñoz estima que tarifas de transporte público se normalizarán en 2023
El titular de Transportes afirmó que el congelamiento de los pasajes se comprometió solo para 2022, por lo que podrían haber ajustes durante el próximo año.
Por Sebastián Dote
Muñoz analizó el paquete de medidas del plan de recuperación inclusiva Chile Apoya. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, reconoció que durante el año 2023 el precio de los pasajes del transporte público se debería normalizar, considerando el congelamiento de tarifas que se aplicará durante este año.
El secretario de Estado analizó la propuesta que por este año impedirá el alza del valor de los buses y el Metro, que es parte del paquete de medidas del plan de recuperación inclusiva Chile Apoya.
“Es una medida que beneficia directamente el bolsillo de personas que normalmente son de estrato medio y bajo, por lo tanto es una medida progresiva, buena, fácil de implementar. Ahora bien, es importante decir que sólo lo podemos hacer en aquellas ciudades en las que tenemos sistema regulado, donde podemos controlar al operador con la tarifa que cobra”, expresó en declaraciones a El Mercurio de Valparaíso.
Tras esto, el ministro precisó que “respecto del costo, efectivamente es un compromiso solo por el 2022 y nosotros esperamos que en el 2023 la tarifa tienda a ir normalizándose para poder ir calzando de mejor manera los costos e ingresos de cada sistema (…). La gente debe entender que a contar del próximo año las tarifas se tienen que comenzar a normalizar”.
A inicios de este mes el titular de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que “se van a hacer los aportes que sean necesarios para lograr ese objetivo” para mantener el valor del transporte público, tanto en Santiago como en regiones, y evitar así el deterioro del poder adquisitivo de las personas.
El anuncio llegó luego que el Panel de Expertos del Transporte Público recomendara un alza de $30 en el valor del pasaje en la Región Metropolitana, que en caso de concretarse sería la primera que se hace efectiva desde octubre de 2019, cuando se realizaron las evasiones masivas que derivaron en el estallido social.
