El Gobierno afirmó este lunes que está preparando un proyecto de ley para corregir la regulación vigente y evitar situaciones como las ocurridas con Metrogas, empresa distribuidora de gas natural, que habría recurrido a un mecanismo para inflar en hasta 20% el precio de su servicio.
El caso quedó expuesto en un reportaje emitido en Chilevisión, que detalló un informe final elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre este mercado, que apunta a la creación de una empresa “espejo” por parte de la compañía, de nombre Agesa, la que con sus movimientos habría generado un aumento en los valores.
La operación se realizó en 2016, año en el que el entonces gobierno de Michelle Bachelet trabajaba en un proyecto de ley para mejorar el cálculo de la rentabilidades máximas fijadas de este tipo de empresas y definir sanciones para aquellas que las superaran. Al frenar la rentabilidad se esperaba que las empresas bajaran el precio del gas a los clientes.
La ley entró en vigor en febrero de 2017 y desde entonces Metrogas cumple con la rentabilidad máxima, mientras que sus ganancias las obtiene a través de Agesa, que no está regulada.
De acuerdo al informe, el sobreprecio generado debido a este esquema fue de entre 12,7% y 20,2% para hogares, entre 5,6% y 12,1% para el comercio y entre 11,2% y 17% para las industrias. El contrato entre Metrogas y Agesa está vigente hasta 2030.
En una declaración pública, la empresa -que opera en el Gran Santiago- entregó sus descargos y explicó que “la comercialización mayorista o aprovisionamiento es una actividad no regulada, y que en general tanto en Chile como en la experiencia internacional, está separada del negocio de distribución de gas natural”.
“Agesa cumple un servicio donde participan otras empresas del mercado, tanto públicas como privadas, que tiene como objetivo el aprovisionamiento o comercialización mayorista, incluyendo la logística del mercado de GNL y sus respectivos riesgos, buscando conseguir un suministro de gas competitivo, cubrir los riesgos mencionados y garantizar el suministro”, agregó.
Tras esto, añadió que “cabe mencionar que el propio informe resalta que Metrogas es quien compra el gas a un precio más barato y en caso de adquirirlo a través de otro proveedor, de los disponibles en el mercado, el precio de compra de Metrogas con una alta probabilidad sería mayor al del contrato suscrito actualmente con Agesa y no necesariamente se lograría cubrir todos los riesgos que hoy asume dicha empresa”.
La reacción del Gobierno
El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó el mecanismo usado por Metrogas como un “subterfugio” para enfrentar los efectos de la ley.
“El Gobierno tenía conocimiento de este asunto hace un buen tiempo, es algo que no corresponde, es bastante evidente que se está ocupando y subterfugio para efectos de evitar el espíritu de lo que estaba en esa ley que viene desde hace un par de gobiernos”, expresó la autoridad en declaraciones consignadas por Emol.
El ministro de Energía, Claudio Huepe, precisó que el Ejecutivo ha desarrollado proyectos tanto para el gas natural como el gas licuado, que buscan solucionar el problema.
“El proyecto anterior no se hacía cargo de las especificidades de cada uno de estos mercados. Y en el caso del gas natural no enfrentaba de manera profunda como debía hacerse. De hecho este proyecto fue presentado sin ninguna urgencia a dos meses de dejar el gobierno (anterior) y con un mes feriado entremedio. Nosotros sí estamos preocupados por este tema”, manifestó.
El secretario de Estado añadió que el proyecto que presentarán “recogerá las observaciones de la FNE y buscará corregir cualquier distorsión del mercado que pueda hacer que las personas paguen en exceso, incluyendo las sanciones que correspondan”.
