Cinco consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitaron la renuncia del director Sergio Micco, a quien sindicaron como responsable de la crisis que vive el organismo.
Según informó La Tercera, Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Fernando Ugás y Yerko Ljubetic presentaron una declaración pidiendo que Micco deje su puesto de manera “inmediata”.
En el documento, acusan que durante la administración de Sergio Micco, el INDH “cursa una crisis profunda que ha afectado su trabajo, legitimidad y ha significado una vulneración de derechos fundamentales de sus trabajadores”.
A juicio de los consejeros, con Micco se han intervenido unidades estratégicas, “se han producido renuncias masivas, auto despidos, remociones de jefaturas de forma arbitraria y prácticas antisindicales, entre otras, han sido algunas de las acciones que han afectado el trabajo interno del Instituto”.
En esta línea, califican de “inaceptable” el trato del director con sus propios funcionarios, a lo que se suma que “la relación con un gran sector de la sociedad civil, y especialmente aquella que forma parte del registro del INDH, es, también, prácticamente inexistente. Vemos, además, un débil vínculo relacional, en términos de trabajo dialogante y colaborativo, con otros poderes públicos del Estado. Esto denota una mala gestión”.
Para los firmantes, la crisis del INDH tiene como principal responsable a Sergio Micco, ya que ha tenido “una administración negligente y deficiente suya”.
“De esta manera, el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desatendidas por el Estado, y ante las cuales tenemos un deber institucional que nos obligan a actuar de manera más consistente y eficaz”, puntualizaron.
Es por ello que le pidieron a Sergio Micco “su renuncia inmediata al cargo de Director Nacional de la institución. Estamos convencidas y convencidos que debemos dar paso a una nueva administración, que pueda recomponer los lazos con la sociedad civil, y con las funcionarias y los funcionarios; recuperar la confianza de la ciudadanía; y, tenga la capacidad para dirigirnos a nuestro primordial objetivo: promover y proteger los derechos humanos en nuestro país”.
