UDI pide a Boric patrocinar proyecto para expulsar a extranjeros condenados por robo, hurto y tráfico
Diputados gremialistas entregaron una carta en La Moneda, en donde detallaron los alcaldes de la propuesta, que busca decretar las expulsiones en un plazo no superior a 60 días.
Por Redacción EL DÍNAMO
Los diputados presentando la carta a La Moneda. AGENCIA UNO
Un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) llegó este viernes hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, al que le solicitaron patrocinar un proyecto de ley que busca expulsar de Chile, en un plazo no superior a 60 días, a todos los extranjeros condenados por robo, hurto y tráfico de drogas.
La propuesta, que fue presentada durante esta semana, busca imponer al mandatario el deber de decretar la salida inmediata de todos los ciudadanos extranjeros que tengan condenas por estos tres delitos, sin importar que tengan un permiso de residencia.
Otro proyecto relacionado busca que en los casos donde un extranjero sea condenado por los delitos establecidos en la Ley 20.000, el tribunal estará obligado a sustituir el cumplimiento de la pena por la expulsión del país, impidiendo que la persona pueda reingresar a Chile en un plazo de 20 años.
El diputado Juan Antonio Coloma señaló que la propuesta faculta al Ejecutivo a tomar acciones “no solo porque cuestan $850 mil pesos mensuales y porque tienen hacinadas las cárceles, sino que principalmente porque Chile tiene que ser un país que reciba a quienes vienen a trabajar y que expulsen a quienes vienen a delinquir”.
La presentación de este proyecto se concretó en medio del complicado presente del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), que enfrenta una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que decretó la suspensión por 10 días del cargo de su director, Luis Eduardo Thayer, luego que el organismo no respondiera a un recurso de protección presentado por una ciudadana cubana residente en San Pedro de la Paz.
La sanción recayó en Thayer luego que la entidad no contestara en tres oportunidades a la petición de informes sobre la acción judicial que fue interpuesta el 24 de abril.
