La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió, por un fallo unánime, mantener los procesamientos de dos ex miembros de la Armada y un ex funcionario de Carabineros por delitos de secuestro y tortura contra personas pertenecientes al Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) en octubre de 1975 en Talcahuano, Penco y Coronel.
El tribunal de alzada rechazó los recursos de los dos ex funcionarios de la rama naval de las Fuerzas Armadas chilenas, Hugo González D’Arcangeli y Víctor Donoso Barrera y también el ex funcionario de Carabineros, Conrado Sesnic Guerricabeitía.
“Los fundamentos dados por las defensas como los antecedentes probatorios que tuvo en consideración el tribunal de la instancia para someterlos a proceso, resulta más idóneo y oportuno que deban ser debatidos, rindiendo pruebas y posteriormente resueltos en la sentencia definitiva. De esta manera, las partes podrán ejercer sus derechos y se les garantizará un debido proceso”, reza parte de lo planteado por el fallo emitido por la Tercera Sala del tribunal.
Esa misma resolución también incluye que “oídos los fundamentos de los intervinientes, lo obrado por la señora ministra visitadora es coherente con la prueba indiciaria, que de acuerdo al sistema de juzgamiento aplicado, cumple con el estándar necesario para someter a proceso a los inculpados, razón por la que los recursos deben ser rechazados”.
Sólo por torturas
Si bien los delitos de 1975 que son investigados no se relacionan con una causa de detenidos desaparecidos ni homicidios, uno de los casos en los que fueron culpables fue el secuestro calificado en la desaparición de Rudy Cárcamo Ruiz, ocurrida en Talcahuano el 27 de septiembre de 1974. En mayo de 2012, la Corte Suprema determinó aplicar penas de cinco años y un día para dos personas, además de los tres uniformados nombrados anteriormente.
Quien sigue la investigación es la ministra en visita Yolanda Méndez por estos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Las víctimas fueron cinco integrantes del MIR, situación de la que profundizó la abogada querellante, Patricia Parra.
“La ministra en visita logró establecer no sólo la aplicación de esos tormentos y la tortura. Además estableció el modus operandi con el que estos miembros de la Armada y Carabineros de Chile que llevaron a cabo en contra de cinco personas y un sinnúmero de militantes del MIR”, explicó la litigante, quien agregó que “hay diligencias que están en curso. La ministra puede decretar que se lleven a cabo nuevas actuaciones y la defensa, solicitar que se practiquen nuevos trámites para argumentar su teoría del caso”.
En diciembre de 2021 se decretó la libertad bajo fianza para estos inculpados por violaciones a los derechos humanos.
