El reconocido juez de la Región de O’Higgins, Luis Barría Alarcón, será formalizado por los delitos de acoso y abuso sexual en contra de funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua, donde se desempeñaba laboralmente e incurría en esta conducta delictual.
El jurista terminó finalmente como acusado, luego de una serie de denuncias que motivaron la investigación de estos hechos desde julio de 2020. De acuerdo con las denunciantes, el juez titular de la instancia incurría en hechos de connotación abusiva y acosadora en el plano sexual y laboral en contra de las propias funcionarias.
Barría tiene amplio reconocimiento profesional tras haber participado en el juicio del Caso Caval, en la audiencia de formalización por el delito de violación del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, y en otras causas de alcance público y mediático.
En agosto de 2020, Barría recibió una suspensión temporal con goce de medio sueldo y fue removido a otro tribunal, luego de un sumario administrativo que se inició tras las denuncias. En julio del año pasado, la Corte Suprema lo nombró relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Abuso sexual
Ahora la trama presenta un nuevo vuelco, pues, de acuerdo con lo que publica El Mostrador, la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Santa Cruz, Carmen Agurto, solicitó la formalización de Barría por un delito de abuso sexual en circunstancia de violación acaecido en 2018.
“Después de años, el Ministerio Público recién ahora decide judicializar la causa formalizándola. Lo extraño es que la solicitud viene solo por una de las víctimas, ¿y qué ocurre con las demás denunciantes? Desde abril estamos solicitando que le tomen declaración a una nueva víctima, quien también es testigo. Se solicitó como diligencia, y hasta la fecha Fiscalía no lo ha hecho, dejando esa arista completamente impune”, contó Katherine Villagra, abogada de una de las denunciantes. “No es lo mismo formalizar por una víctima que por dos o tres (…). Este ex juez, ahora relator, ni siquiera está suspendido”, añadió.
“Ya no hay rondas periódicas en favor de las víctimas, porque Fiscalía no quiso renovarlas. Las tuvieron durante tres meses, pero llevan más de un año sin protección”, enfatiza Villagra.“Nuestro principal temor con respecto a la formalización, es que no se soliciten cautelares y que dejen fuera a una de las víctimas”, sentencia. El próximo 9 de septiembre será la audiencia de formalización.
