La Cámara de Diputados aprobó durante esta jornada el proyecto de ley conocido como Ley Tamara, que endurece las penas para quienes cometan delitos contra menores de edad, personas de la tercera edad o personas en situación de discapacidad.
Con 116 votos a favor, tres en contra y 16 abstenciones, la Cámara Baja dio sí a la iniciativa en el tercer trámite legislativo, quedando ésta lista para su promulgación.
La nueva ley, que modifica el Código Penal, tiene esa denominación en memoria de Tamara Moya, menor de cinco años asesinada durante una encerrona ocurrida en Huechuraba en febrero del año pasado.
Ley Tamara: aumento de penas para delitos contra niños, ancianos y discapacitados
Tras su promulgación, aumentarán las penas para los delitos cometidos contra niños, ancianos y discapacitados, considerando esta circunstancia como un agravante a la hora del juicio y el establecimiento de las condenas. En ese escenario, por ejemplo, la sanción por homicidio simple se modifica de presidio mayor en grado medio (10 años y un día a 15 años), a presidio mayor en grado medio a máximo (10 años y un día a 20 años).
Asimismo, la ley también incide en los delitos en los que los niños no sean las víctimas directas, pero sí se vean afectados por el delito y sus circunstancias.
“Lo que hace el proyecto es establecer una agravante de responsabilidad penal, y por lo tanto se aumenta la pena en un grado cada vez que se comete un delito contra un niño, una niña o un adolescente”, comentó el senador Matías Walker (DC).
“Además, en el caso del homicidio simple, ahora se exige el cumplimiento de dos tercios de la condena para poder postular al beneficio de la libertad condicional”, añadió el parlamentario.
El caso Tamara
El 21 de febrero de 2021 Tamara Moya y su familia fueron víctimas de una encerrona en Huechuraba. La niña, de apenas cinco años, recibió un impacto de bala a quemarropa por parte de uno de los delincuentes, que no escuchó los gritos de súplica de la madre de la menor.
En la actualidad, el autor del disparo, Alan Gallardo Vilches, cumple desde junio cadena perpetua calificada y tendrá que esperar 40 años para optar a cualquier tipo de beneficio. Su cómplice, un menor de edad de iniciales P.A.V.J, pasará diez años con régimen de internación cerrado en un centro del Sename.
