“Va a haber garantías de diálogo con todo el equipo de esta comisión, sin exclusiones, pero claramente desde el domicilio al cual yo pertenezco, que es la oposición”, fue la advertencia que lanzó el senador Vlado Mirosevic (PL) el 21 de octubre, al asumir la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado tras la salida de Pedro Araya (PPD).
A tres semanas del cambio de mando en una de las comisiones más relevantes y estratégicas de la Cámara Alta, ese cambio de mano se ha comenzado a notar: el liberal decidió no invitar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a una sesión —el secretario de Estado llegó igual— y presidió el rechazo de un proyecto del Ejecutivo.
La decisión de dejar fuera a Rabat se conoció el pasado viernes cuando Mirosevic, en uso de sus facultades de presidente, decidió dejar fuera de la citación al ministro pese a que se discutirá un proyecto de Justicia.
El senador PL justificó la decisión diciendo que “el ministro es parte del problema, más que de la solución” y reclamó que la comisión sigue sin recibir los decretos de rebaja de condenas que el propio ministro firmó, documentos que considera indispensables para legislar sobre los proyectos que la comisión debe revisar esta semana.
Rabat apareció igual este lunes. Reconoció ante los senadores que había sido desinvitado y explicó que acudía por “las obligaciones que me impone la Constitución Política de la República”. Sobre los decretos, afirmó que su cartera tramita cerca de 50 solicitudes de información del Congreso, que los antecedentes son de distinta naturaleza y que algunos involucran datos sensibles.
Mirosevic replicó haciendo presente la molestia de la mayoría de los integrantes por la demora: se trata, dijo, de información base para los proyectos que la comisión verá el martes y el miércoles. En el Gobierno, en todo caso, saben que la oposición busca esos decretos para alimentar la acusación constitucional que se presentará contra Rabat.
La senadora Paulina Vodanovic (PS) sostuvo que existe “un deber desde el Ministerio de Justicia que no se está cumpliendo”, mientras que la senadora Claudia Pascual (PC) planteó que no es razonable que, a solicitud formal de la comisión, no se haya respondido ni siquiera a los primeros 56 oficios, más tres que involucran a condenados por delitos de lesa humanidad.
El cruce entre Mirosevic y los ministros, no obstante, no fue lo más relevante de la sesión. La comisión rechazó en general, por tres votos contra dos, el proyecto del Ejecutivo que reprograma la puesta en marcha del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, creado por la ley 21.780.
La iniciativa proponía que la primera etapa entre en operación el 1 de enero de 2028 y traspasar directamente el programa de atención a víctimas al nuevo servicio. Votaron en contra Mirosevic, Vodanovic y Pascual, y a favor Arturo Squella (REP) y Longton. Con el rechazo, el proyecto vuelve a la Sala con informe negativo.
El control de la oposición de una comisión estratégica
El peso de la comisión explica por qué su presidencia fue objeto de una disputa política: estudia los proyectos de ley de quórum y de reforma constitucional y emite el informe que luego llega a la Sala. Por ahí debe pasar todo proyecto que proponga cambios a la Constitución, además de buena parte de las iniciativas sobre Justicia y Seguridad, derechos de las personas y funcionamiento de los poderes del Estado, como las reformas políticas o de sistema electoral.
En ese sentido, la comisión es el primer filtro técnico y político de las grandes reformas que presenta cualquier gobierno al escuchar a ministros, académicos y especialistas, además de condensar el debate legislativo que viene luego en Sala.
Sin ir más lejos, el miércoles, la comisión debe seguir con el proyecto que fusiona cuatro iniciativas para restringir los beneficios de rebaja de condena a quienes cometen delitos sexuales contra menores.
Eso justifica en gran parte la operación que terminó con la remoción de Pedro Araya y que dio paso al desembarco de Mirosevic.
El lunes 19 de octubre, el comité que encabeza el senador Castro (PS) oficializó el reemplazo de Araya. La explicación del socialista fue que la oposición había perdido su mayoría en la comisión “por la acción individual, en solitario, de un integrante”, aludiendo a Araya.
El episodio tiene un antecedente. el 7 de octubre, Araya firmó junto a Squella, Longton, Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (IND) la reforma constitucional de seguridad que reemplazó a la del Gobierno y que debió ser retirada.
Desde el PS argumentaron que Araya se había transformado en un aliado de La Moneda. Según cuentan en el PS, el senador PPD forjó una relación estrecha y de colaboración con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lo que no representa a la oposición.
Por lo mismo, la salida de Araya fue resentida por el oficialismo donde se llegó a poner en duda el acuerdo administrativo ante el desaire a Araya.
