Javiera Blanco demanda al CDE por su salida y pide indemnización de $380 millones
La ex secretaria de Estado sindicó a la otrora presidenta del CDE María Eugenia Manaud, como autora de “conductas abiertamente abusivas” para que diera un paso al costado.
Por Cristián Meza
Blanco renunció al CDE en octubre de 2019 cuando enfrentaba tres indagatorias por sus acciones durante los gobiernos de Michelle Bachelet AGENCIA UNO/ARCHIVO
Javiera Blanco presentó una demanda contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE), asegurando que el organismo cometió presiones indebidas para que renunciara a su cargo cuando era investigada en casos de corrupción.
Y es que Blanco renunció al CDE en octubre de 2019 cuando enfrentaba tres indagatorias por sus acciones durante los gobiernos de Michelle Bachelet, consignó La Tercera.
La otrora ministra de Justicia fue investigada por irregularidades en el programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar) de Sename, la contratación de asesores de Gendarmería y malversación de gastos reservados de Carabineros por 47 millones.
Sin embargo, el Ministerio Público no perseveró en sus acusaciones en las dos primeras causas, mientras que fue sobreseída por prescripción en la indagatoria por uso de gastos reservados.
Ante esto, Javiera Blanco demandó por falta de servicio, pidiendo una indemnización por daño moral y económico por 380 millones de pesos. Esto, ya que la permanencia como consejera del CDE se extendía hasta que cumpliera 75 años, renunciando cuando tenía 46.
La ex secretaria de Estado sindicó a la otrora presidenta del CDE María Eugenia Manaud, como autora de “conductas abiertamente abusivas” para que diera un paso al costado.
En su presentación, la defensa de Blanco apuntó a “la animosidad de la entonces presidenta y jefa superior del servicio hacia mi representada la llevaron, además, a desplegar conductas abiertamente abusivas, considerando su posición, ignorando e infringiendo las pautas legales para su cargo”, señala.
“De haber actuado con sujeción a ellas, no habría presionado injustamente a la demandante para obtener su renuncia, pues sus obligaciones como jefatura limitaban su actuación a pedir explicaciones por las imputaciones que se formulaban a mi representada, y a ordenarle formular descargos públicos”, agregó.
Como prueba de estas imputaciones, presentó una carta donde Manaud le pide que renuncie al CDE por su situación judicial, ya que “la condición de imputada en esa clase de delitos se torna incompatible con la calidad de Consejera del Organismo”.
