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18 de Octubre de 2022

INDH: 91% de querellas por violaciones a DDHH durante el estallido social no tiene formalizados

Consuelo Contreras, directora del INDH, hizo un llamado a dar celeridad a las causas para determinar las responsabilidades penales de quienes causaron las violaciones a los derechos humanos.

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Pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes para determinar personas imputadas, y proceder así a la determinación de responsabilidades penales”, alertó la directora del INDH Consuelo Contreras. INDH
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“Como las violaciones a los derechos humanos más graves y numerosas desde la vuelta a la democracia al país” fueron calificadas por el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) las vulneraciones a los derechos fundamentales causadas por agentes del Estado en el contexto del estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019.

“A tres años de la crisis social resulta preocupante que, de las 3.151 querellas interpuestas por el INDH, y que aún están abiertas, sólo el 9,5% hayan sido formalizadas. De las 3.626 víctimas asociadas a las querellas, a un 38% de ellas no se le ha tomado siquiera su declaración. Pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes para determinar personas imputadas, y proceder así a la determinación de responsabilidades penales”, alertó la directora del INDH Consuelo Contreras.

Consuelo Contreras también abordó los que calificó como “exiguos” avances en materia de reparación. “El Gobierno debe proponer una política de reparación integral que incluya medidas dirigidas a la restituir las condiciones o la situación previa a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre ellas, por ejemplo, la rehabilitación de los daños físicos o psicológicos padecidos por las víctimas; la indemnización compensatoria a consecuencias del daño o pérdida sufrida, y, la satisfacción por medio de acciones públicas de reconocimiento de los hechos y las víctimas”.

“La urgente instalación de una comisión calificadora ayudaría a darles mayor certeza, en cuyo proceso se tome en cuenta variables como por ejemplo el menoscabo laboral que les haya producido la violencia estatal y también que no colisione con otros beneficios, como por ejemplo una pensión de invalidez”, complementa Consuelo Contreras.

 
 
 

 

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