Entre el lunes y el viernes, el Gobierno del presidente José Antonio Kast transitó de cerrar una reforma a abrir otra, y en el camino exhibió las complejidades de esa transición que estuvo marcada por una descoordinación ministerial por un requerimiento al Tribunal Constitucional, un fallo con lecturas encontradas y un cruce público entre dos ministros por el contenido de la agenda de seguridad.
La sucesión de hechos comenzó el pasado sábado, cuando el Ejecutivo ingresó ante el TC un requerimiento para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las distribuidoras de electricidad, agua potable y gas a reponer gratuitamente el suministro en zonas bajo estado de catástrofe, incluso si el corte se debía a una deuda anterior a la emergencia.
La presentación —firmada por el Presidente José Antonio Kast junto a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), José García Ruminot (Segpres), Ximena Rincón (Energía) y el biministro Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes)— no tuvo anuncio previo ni tampoco público.
El problema es que tampoco fue comunicada a Claudio Alvarado, biministro del Interior y de la Segegob.
El martes, consultado en una sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para revisar la respuesta del Ejecutivo a los temporales, Alvarado debió admitir que desconocía la decisión: “Esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo información”, dijo.
Pese a todo, respaldó la decisión de fondo: “El proyecto de reconstrucción es un proyecto que siempre ha tenido la conducción técnica y legislativa de Hacienda y si han considerado tomar esas decisiones, son legítimas”, afirmó.
Quiroz, en tanto, justificó el recurso señalando que la disposición está “fuera de la idea matriz” de la ley.
Más allá de la justificación, el episodio abrió la primera grieta pública en el triunvirato Alvarado-Quiroz-García, que hasta entonces había conducido sin sobresaltos la tramitación de la ley de Reconstrucción.
García Ruminot, líder de la Segpres —repartición a la que se le endosó parte de la responsabilidad por no comunicar a los equipos de interior y Segegob— salió a respaldar a Alvarado, aunque de paso confirmó la falla interna: “Yo le creo cuando él dice que no tenía la información. No hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación debimos haber tenido, y por esa razón él no estaba debidamente informado”, señaló.
La descoordinación también ocurrió a nivel de partidos. Mientras el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció que los presidentes de partido sí estaban al tanto —”aquí hubo un problema de coordinación”, dijo—, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, dio a entender que no era algo que tuviera que saber personalmente. Otros parlamentarios oficialistas, consultados en privado por EL DÍNAMO, tampoco estaban al tanto de la decisión.
La compleja transición de megarreforma a seguridad
Fuentes del oficialismo deslizan que la descoordinación se explica, en parte, por la transición entre agendas: la de la megarreforma, que entra en su recta final, y la de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que recién comienza a tomar forma.
Si bien los equipos de Interior y Segpres aún no entran de lleno en la coordinación de esta nueva etapa, los equipos jurídicos sí han estado atentos a la confección de la reforma constitucional que ingresará por el Senado y que está a cargo del Ministerio de Seguridad liderado por Martín Arrau.
Dicha reforma es identificada como el corazón del proyecto de seguridad y, a la vez, el punto más difícil de sacar adelante por su complejidad.
Sin embargo, las bases de la reforma ya fueron cuestionadas por parlamentarios del oficialismo. Como contó EL DÍNAMO esta semana, Arrau socializó el borrador con los parlamentarios oficialistas que integran las comisiones de Seguridad de la Cámara y el Senado, en un esfuerzo por llegar a un texto jurídicamente sólido antes de su ingreso.
La primera aproximación, sin embargo, dejó un gusto amargo: los equipos jurídicos de las bancadas advirtieron errores y discrepancias en el documento.
El principal reparo apunta al inciso tercero del nuevo artículo 9° bis, que inhabilita a los condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico —durante la pena y por 15 años después de cumplida— para acceder a prestaciones estatales de salud, educación, trabajo y seguridad social.
En el oficialismo consideran que la fórmula no distingue gravedad del delito ni tipo de prestación, lo que podría tensionar los estándares de proporcionalidad exigibles a toda restricción de derechos.
Fue precisamente ese punto el que tensionó al gabinete cuando el borrador llegó a ministros que no formaban parte de su confección directa y que, por rebote, terminaron involucrados en la discusión.
El caso que más hizo ruido fue el de la ministra de Salud, May Chomali, que se enfrentó públicamente con Arrau. Consultada en CNN Chile sobre la disposición que restringe por 15 años el acceso a prestaciones estatales a condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico, Chomali advirtió que la medida “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes”, como la Ley de Urgencia, y adelantó que “vamos a hacer todo lo posible por que el derecho a la salud siga consagrado en la Constitución”.
Arrau respondió el viernes en Radio Infinita que Chomali “está opinando de algo de lo que quizás no está al tanto”, y defendió el sentido de la restricción: “Cada vez que compre un kilo de pan, un 19% de IVA va a financiar beneficios sociales (…) no podemos quitarle a todos los chilenos sus impuestos y que lo dediquemos a financiar beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo”.
El último aire de la megarreforma
En paralelo a esos primeros pasos de la agenda de seguridad, Quiroz estuvo atento a lo que ocurría en el TC, y no solo por lo técnico: también por la batalla comunicacional que se desató tras el fallo.
Pasadas las 22 horas del jueves, el tribunal resolvió de manera parcial los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por la oposición contra la megarreforma.
Declaró inconstitucionales, de forma íntegra, los artículos 12 y 13, que establecían el derecho a indemnización estatal cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera anulada judicialmente. En cambio, acogió sólo parcialmente la impugnación al artículo 29, que crea el régimen de invariabilidad tributaria: el TC eliminó un par de expresiones específicas —vinculadas a la extensión del beneficio a “proyectos conexos”— pero mantuvo el grueso del estatuto.
Tras el fallo hubo una guerra de minutas. La Moneda repartió entre los parlamentarios oficialistas una lectura optimista: en lo medular, el tribunal no tocó el corazón de la reforma alojado en la invariabilidad tributaria, mientras que la indemnización por RCA quedaba como una cuestión de un anillo secundario.
La oposición, en cambio, intentó instalar el resultado como una derrota para el Gobierno, sobre todo porque Quiroz tenía especial interés en que prosperara la norma medioambiental.
Según se confidencia en la centroizquierda, cuando el ministro negoció con el PPD, el senador Pedro Araya intentó morigerar la norma de indemnización por RCA, a lo que Quiroz se negó de forma rotunda. Las mismas fuentes agregan que el jefe de la billetera fiscal se mostró más abierto a ceder en la invariabilidad tributaria que en esa disposición ambiental. De ahí la sensación de triunfo en la oposición.
Por ahora, sigue pendiente el recurso ingresado por el propio Gobierno contra el artículo 31 de la megarreforma —el mismo que dejó en evidencia la descoordinación con Alvarado—, que el TC todavía no resuelve.
