Luego de la presentación de los 17 postulantes al cargo de fiscal nacional, cinco fueron los elegidos por los miembros de la Corte Suprema. En una jornada extensa que marcó el inicio de la semana, los magistrados confeccionaron la quina con los nombres de José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos.
De esta lista, que fue enviada a La Moneda para que el presidente Gabriel Boric elija a uno de los aspirantes y lo presente en el Senado para ser ratificado, Ríos se bajó de la competencia haciendo alusión a un problema familiar.
Así las cosas, quien se convierta en el sucesor de Jorge Abbott deberá nutrir de mayores capacidades al Poder Judicial para enfrentar una de las problemáticas prioridad para la ciudadanía: la seguridad y el combate contra la delincuencia.
Al respecto, los funcionarios del Ministerio Público, agrupados en la Federacion Nacional Ministerio Publico (Fenamip) se pronunciaron para que la elección no se utilice para “pagar favores políticos”.
“Queremos ser enérgicos en que para los y las funcionarias del Ministerio Público es primordial que quien llegue a la dirección del servicio sea alguien probo, que no venga a aprovecharse del servicio para sacar réditos personales ni pagar favores políticos. Los y las funcionarias del Ministerio Público somos parte de esa sociedad que reclama cambios en los paradigmas de quienes nos gobiernan, en donde la política sucia ha querido empañar el trabajo de quienes servimos con las manos limpias en nuestra institución”, apuntaron.
“Tenemos la certeza de que si se incorporan en el programa de trabajo del próximo fiscal nacional los puntos que hemos propuesto, nuestra institución dará un salto cualitativo que le permitirá transformarse en una institución eficiente y valorada por la comunidad”, agregaron.
Sus petitorios apuntan a la creación de nuevos departamentos y una fiscalización laboral externa; el fortalecimiento de la carrera funcionaria; la asignación profesional para los estamentos auxiliar y administrativo; una Ley de Incentivo al Retiro; la homologación de la práctica profesional para funcionarios y funcionarias egresados de la carrera de derecho; la participación de representantes de las Asociaciones de Funcionarios en el Consejo General del Ministerio Público; el acceso a las actas del Consejo General del ente persecutor; y la creación de un Departamento Social para funcionarios.
