Un tsunami de efectos devastadores es el que se generará con la aplicación del IVA a los servicios a partir de enero 2023.
Esa es la opinión de las Pymes y de varios expertos.
Lo advirtieron en los medios y también en la discusión exprés en el Congreso que lideró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, bajo el gobierno del presidente Piñera.
Sin embargo, nadie quiso escuchar. Solo ahora, y luego que la prensa hiciera eco del problema y aparecieron los colegios profesionales, el Gobierno se atrevió a opinar.
En la implementación de la norma, el SII no actuó con la rapidez que se requiere cuando se aplica un tributo que afecta a amplios sectores como el IVA.
¿En qué falló?
Debemos considerar que dicho organismo dictó la Circular 52 que regulaba los alcances de ese cambio, el 27 de octubre del año 2022, y la resolución que en la circular señalada se comprometió el 30 de noviembre, esto es, más de 8 meses después que se publicó la ley, y menos de dos meses antes de que entre en vigencia, lo que inicialmente está contemplado para el 01 de enero del año 2023, tal como estipula el artículo octavo transitorio de la misma Ley.
Los reclamos de los gremios y la respuesta del Gobierno
Tras el llamados de los gremios de pymes y profesionales para prorrogar la entrada en vigencia de esta ley, el Gobierno los acusó de no haber señalado oportunamente. Sin embargo, La Moneda se desvía del punto principal: la obligación del Ejecutivo de revisar el impacto económico y correcta aplicación de las leyes, lo cual hizo en el caso de la entrada en vigencia de los cambios al leasing y el crédito especial a empresas constructoras, pero en el caso del IVA a los servicios, la voluntad no ha sido la misma.
¿Qué pasó durante la discusión de esta ley?
Pero veamos que pasó realmente en la discusión de esta ley hasta el día. En columnas escritas para EL DÍNAMO, se constata que el problema había sido advertido con tiempo (a lo menos 3, escritas la primera cuando se emitió el informe Briones, la segunda antes que se enviara el proyecto y la tercera cuando se despachó al Congreso) y que, en la historia de la misma Ley 21.420 (página 95), consta que el Colegio de Contadores de Chile se opuso a este proyecto que afectaría principalmente a las Pymes.
Hoy todo el mundo alega desconocimiento.
Juan Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, atribuye esto a que el foco de todos estaba puesto en la discusión constitucional y de la actual reforma tributaria, y que es tarea de quienes gobiernan, hacer su trabajo con diligencia, y revisar los alcances e impactos de las leyes que entrarán en vigencia.
Evidentemente que ahora, que se está ad portas de que la ley comience a regir, todos saquen la voz, más en un escenario de alta inflación y un muy negativo panorama económico para el 2023. Esta medida no será benigna para el bolsillo de las personas.
Para el abogado Christian Aste, el problema no ha sido bien dimensionado, y es mayor de lo que muchos creen. No es solo que los servicios profesionales comiencen a gravarse. Esa es solo una parte del problema.
Desde enero, varios servicios que no estaban gravados, aumentarán de precio. Las empresas no pueden no trasladar ese mayor impuesto a sus clientes.
No hay empresa cuyo margen sea mayor que el IVA. Para asumir el impuesto, tienen que cambiar el precio, y si eso se hace, el SII puede objetarlo: el precio es la base sobre la cual se aplica el impuesto.
Hay servicios que no se gravaban precisamente porque la actividad principal que se ejecutaba no era comercial. Ahí caben los servicios de cuidado, los gastos que pagan los deudos por las mantenciones de los cementerios o los pagos por pozos de agua que contratan los agricultores. Todo eso ahora pagará IVA y los beneficiarios de esos servicios no son empresas, que pueden utilizar el IVA como crédito fiscal.
Ahora tendrán que desembolsar dinero que no tienen.
Aste señala que este cambio aumentará la informalidad, porque la gente no querrá pagar más caro y por lo tanto la gente seguirá prestando servicios pero bajo la informalidad.
Este punto no es menor. Ya lo advirtió la economista Gabriela Clivio, quien ha explicado que la informalidad laboral se ha incrementado exponencialmente.
Los afectados de siempre por el IVA: las personas
Juan Pizarro, del Colegio de Contadores, apunta a que el IVA en los servicios profesionales, es, a todas luces, injusto, porque obliga a quienes quieran eximirse del tributo a constituirse como sociedad de profesionales situación que es poco eficiente y genera inequidad.
Pero eso tiene como contrapartida que el impuesto o lo pagarán pymes prestadoras de servicios que no puedan transmitir el IVA a precio o las personas o consumidores finales, ya que a las empresas que estén en la cadena del IVA, el efecto les será neutral.
Es decir, Pymes y personas naturales de a pie pagarán mucho más que los empleados públicos y que los empresarios.
Las sociedades de profesionales
Según Aste, este problema se agrava si se considera que las sociedades de profesionales están conformadas por personas naturales y eso implica sumar los ingresos que estos tengan para definir si son o no Pyme.
Puede ocurrir que una sociedad tenga pocos ingresos, pero como tiene un socio profesional que participa en empresas familiares, no pueda por los ingresos, calificar como Pyme.
Los expertos coinciden que esto conllevará un aumento brutal del impuesto. Pagarán un 27% y no un 25%, y cada vez que los socios retiren, deberá desembolsar un 22% como retención, aunque exista reliquidación.
Es un problema de flujo. Pero el problema se acrecienta si el socio que es persona natural muere, porque la sociedad deja de ser sociedad de profesionales, y si eso es así, tendrá que cobrar IVA.
Elias Casanova, docente de post grado en el área tributaria, expresó en un programa de televisión, que este cambio, hará que por un mismo servicio algunos paguen más caro.
Para Christián Aste, los problemas con el IVA no terminan acá, porque cuando este impuesto no se paga, el contribuyente puede ser arrestado. Además, las multas son mucho más altas y si por cualquier causa, incorpora facturas de proveedores irregulares, el contribuyente se expone a sanciones hasta penales.
El abogado indicó que esto debe contextualizarse con el proyecto de reforma tributaria, que incorpora la figura del denunciante anónimo.
El verdadero problema y las medidas que se deben tomar
El 1 de diciembre, en un panel de expertos de la Universidad Adolfo Ibáñezhttps://noticias.uai.cl/reforma-tributaria-y-crecimiento-economico-avanzamos-o-retrocedemos (en el que participó Michelle Labbé, Gabriela Clivio, Cristina Enache por Tax Foundation y Christian Aste)concluyeron que el problema principal de Chile es la evasión por informalidad en los negocios, y que el foco debiera estar en combatir los informales.
El candidato presidencial Sebastián Sichel planteó en su programa, elaborado por el equipo encabezado por Esteban Jadresic y luego por Patricio Rojas, que la solución del IVA, estaba en hacer transferencias directas, aprovechando la boleta electrónica.
Jorge Claro, precursor de la factura y boleta electrónica, ha señalado en varias entrevistas que lo más fácil es aumentar la tasa del IVA y devolvérselo a los deciles más pobres. Es una medida que fomentaría la formalidad y el control por intereses contrapuestos.
Juan Pizarro asegura que medidas que apunten a reducir la informalidad podrían recaudar 10 veces más que el IVA a los servicios.
La informalidad es uno de los grandes problemas en Chile, puesto que el Estado no puede recaudar. En el país, esta situación es mayor al 22% del PIB, mientras en la OCDE llega un 13% en promedio.
Como la informalidad no aporta con recaudación fiscal de IVA ni impuesto renta y se sitúa como una de las causas al problema de las bajas pensiones, puesto que no hay cotizaciones.
Los expertos aseguran que existe un problema de voluntad política para prorrogar la entrada en vigencia de la ley. La determinación del gobierno a no modificar la normativa impactará en la credibilidad de la administración puesto que los ciudadanos verán encarecer servicios como la atención de las mascotas o el cuidado a la tercera edad.
El gobierno ya fue alertado: se le aproxima un tsunami con efectos devastadores.
