Elecciones, Carabineros y migración: el informe de HRW sobre los derechos humanos en Chile
La organización internacional planteó su preocupación por la falta de una reforma policial y por el cumplimiento del debido proceso en las expulsiones de migrantes.
Por Sebastián Dote
El informe de HWR abordó la situación de la policía uniformada tras el estallido social de 2019. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Este jueves se dio a conocer el informe anual de la organización internacional no gubernamental Human Rights Watch (HRW), el que entregó un detallado análisis sobre la situación que vive Chile, marcada por las consecuencias del estallido social, el plebiscito de salida, la reforma a Carabineros y la crisis migratoria.
En el reporte, la entidad abordó el arribo del presidente Gabriel Boric, destacando que en su política exterior el mandatario “ha defendido de una manera coherente los derechos humanos sin importar la ideología del gobierno involucrado en los abusos“.
“Chile enfrenta desafíos considerables en materia de derechos humanos de migrantes, refugiados, mujeres, niños y niñas, personas indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)”, afirmó el documento.
Proceso constituyente y reforma a Carabineros
Uno de los puntos que tocó el informe de HRW fue el proceso constituyente, que comenzó en 2020 con un abrumador triunfo del Apruebo en el plebiscito de entrada y que concluyó el 4 de septiembre del año pasado con una victoria del Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.
En su análisis, la ONG comentó que “la Convención presentó el texto para la nueva Constitución, que contemplaba la protección de numerosos derechos. También incluía cambios importantes en el sistema judicial y en las facultades presidenciales, así como la reestructuración del poder legislativo.
“El 4 de septiembre, casi el 62 % de los votantes rechazó adoptar el nuevo texto constitucional. Esa noche, el presidente Boric llamó al Congreso y a la sociedad civil a acordar un nuevo proceso constituyente. Hasta octubre, los partidos políticos mantenían negociaciones para iniciar un nuevo proceso constituyente”, detalló.
Junto con esto el texto mencionó los hechos ocurridos en el estallido social y los compromisos para alcanzar una reforma a la policía uniformada.
“Desde 2019, se presentaron cientos de denuncias por uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos que motivaron reclamos para que se lleve a cabo una reforma policial, sin lograr cambios estructurales hasta el momento”, comentó.
De acuerdo a HRW, Carabineros “actualizó varios protocolos relacionados con el orden público, incluido el uso de escopetas antidisturbios. Sin embargo, persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos“.
En ese sentido, el organismo dijo que “aún no se reformaron las leyes que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy escasa supervisión. Estudios basados en datos oficiales indican que Carabineros ha usado estas facultades de manera discriminatoria durante años, particularmente contra migrantes, mujeres y personas que viven en la pobreza”
“Una reforma legal que entró en vigor en febrero de 2022 incluyó algunas medidas de transparencia y supervisión por parte de autoridades civiles, pero no modificó el régimen disciplinario de Carabineros, el cual no garantiza investigaciones independientes e imparciales“, insistió.
Situación de los migrantes
Otro punto clave en el informe de derechos humanos de HRW fue la situación de los migrantes, dando cuenta de las acciones tomadas por las autoridades en los últimos años.
“Una ley de migración que entró en vigencia en febrero de 2022 estableció que el ingreso ilegal al país no constituye un delito. Aun así, la ley permite la expulsión inmediata de migrantes que cruzan la frontera o intentan cruzarla, lo que genera preocupaciones sobre el respeto al debido proceso“, manifestó.
HRW mencionó que las expulsiones colectivas de extranjeras que vivían en Chile se pusieron en marcha durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, cesando durante la actual administración y quedando restringidas a personas “que hayan cometido delitos y tengan antecedentes penales”.
Además detalló medidas como el estado de excepción en el norte y las propuestas para establecer un sistema de “cuotas” para enfrentar el alto flujo migratorio procedente desde Venezuela. También dio cuenta de las muertes registradas en la zona fronteriza.
Junto con esto, la organización planteó que “las protestas en contra de la migración y los ataques xenófobos continuaron durante el 2022, lo cual obligó a algunos migrantes a salir de Chile”.
