Indultos presidenciales: CDE representará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional
El organismo explicó su postura señalando que responde a "su obligación legal de defender a los órganos centralizados del Estado".
Por Cristián Meza
Esto, luego que parlamentarios de oposición presentaran un requerimiento ante el TC para impugnar 7 de los 13 indultos entregados por Gabriel Boric. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió asumir el patrocinio y representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación al otorgamiento de los indultos presidenciales que actualmente están en revisión en el Tribunal Constitucional.
El organismo explicó su postura señalando que responde a “su obligación legal de defender a los órganos centralizados del Estado”.
Esto, tras acoger el requerimiento realizado al CDE por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que pidió al Consejo defender la potestad constitucional del Presidente de la República en cuanto a su facultad para otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.
Señalar que al CDE le corresponde defender a los órganos centralizados del Estado, como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no tienen personalidad jurídica para comparecer ante los tribunales en procedimientos contenciosos de esta naturaleza.
“De acuerdo a lo anterior, la representación se traducirá en que el Consejo de Defensa del Estado comparecerá a los alegatos correspondientes ante el Tribunal Constitucional, haciendo presente los argumentos jurídicos contenidos en los informes que ya presentó el Ministerio ante el tribunal”, consignó el CDE.
Esto, luego que parlamentarios de oposición presentaran un requerimiento ante el TC para impugnar 7 de los 13 indultos entregados por Gabriel Boric: el concedido al ex frentista Jorge Mateluna y seis condenados por delitos ocurridos en el estallido social.
Por su parte, el ministro Luis Cordero defendió este beneficio, asegurando que “vamos a defender en tribunales los actos y sus expedientes de acuerdo a las reglas vigentes, pero también a las prácticas institucionales y a la jurisprudencia previa que ha existido en estos temas”.
