La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la entrega del bono Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE) por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), entre agosto de 2021 y febrero de 2022.
Según el organismo contralor, Sence “otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con algunos de los requisitos”.
Entre estos beneficiarios estaban personas que prestaban labores al Estado, ya sea vía contrata o a honorarios, además de otros que no cumplían con el requisito de la cesantía.
Ante esto, Contraloría ordenó a a Sence devolver de forma íntegra estos fondos, los cuales llegan a 3.574.640.527.
Esto, ya que “deberá ejecutar el procedimiento consignado en el artículo 77 de la ley que ordena requerir el reintegro para los pagos indebidos del subsidio en estudio, por las sumas de $435.905.117, $579.351.832 y $2.559.383.578 respectivamente”.
