Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, precisó que el Ejecutivo está analizando diversos escenarios contra el juez del Tribunal de Garantía de Arica que ordenó revelar la identidad de los 57 testigos protegidos que son parte de la investigación contra Los Gallegos, el brazo del Tren de Aragua en el norte de Chile.
Si bien la Corte de Apelaciones revirtió lo determinado por el juzgado, Monsalve dejó en claro que el actuar del tribunal “es grave, porque primero no permitió escuchar a las partes intervinientes, como al propio fiscal a cargo y tampoco se le permitió participar a los abogados del Ministerio del Interior”.
u0022El Gobierno está analizando las facultades constitucionales y legales que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligenteu0022, puntualizó el subsecretario.
Manuel Monsalve explicó que la Constitución “le entrega la facultad (al Ejecutivo) de revisar la conducta ministerial de los jueces y de otros empleados del Poder Judicial”.
Esto “es conducente a la presentación eventual de un requerimiento para analizar la conducta de un juez a la Corte Suprema de Justicia. Esta materia será encargada al Ministerio de Justicia, Luis Cordero, pero quiero decir desde ya que el Gobierno pretende actuar para hacer ver que nos parece que esta conducta es una conducta grave que no debió haber ocurrido”
