El Ministerio de Transportes oficializó este sábado las modificaciones al reglamento de la Ley Uber —denominada oficialmente Ley EAT— luego de que el ministro Louis de Grange calificara el texto original como un reglamento que “destruía la industria de las aplicaciones”.
Los cambios eliminan restricciones consideradas innecesarias y abren la puerta al 85% de los conductores que antes quedaban excluidos por exigencias de cilindrada y antigüedad del vehículo.
“El reglamento tiene una cantidad de restricciones que son absolutamente innecesarias”, señaló De Grange, apuntando específicamente a la exigencia de una cilindrada mínima de 1.400 cm3, que calificó de “un exceso” dado que “la tecnología ha avanzado muchísimo”.
En entrevista con La Tercera, el ministro señaló que el texto original reduciría entre un 80 y un 90% la oferta disponible, concentrando el servicio en pocas comunas y generando alzas en los precios.
“Ibas a atender a un par de comunas, probablemente a las comunas del sector oriente, cuyos precios iban a subir muchísimo y la cobertura espacial se iba a reducir mucho”, afirmó.
El jefe de la cartera también advirtió sobre el impacto laboral: “Si lo publicabas tal cual estaba, el desempleo podía aumentar de 8,3 a 9,3 por ciento”, sostuvo.
Transportes: más oferta, menos espera y cobertura nacional
Tras las declaraciones de De Grange, el Ministerio oficializó en redes sociales las modificaciones señalando que el servicio tendrá cobertura en todo Chile y que la mayor disponibilidad de conductores reducirá los tiempos de espera.
También se eliminan las restricciones de movilidad entre comunas vecinas, que De Grange calificó de “bien absurdo”.
Respecto a la antigüedad del parque automotriz, el ministro indicó que se homologará a los estándares exigidos a los taxis.
“El objetivo de la nueva versión del reglamento es evitar que un 85% de los usuarios a nivel nacional vea afectada su movilidad”, precisó De Grange.
El proceso de publicación de la ley Uber implicó un procedimiento inusual: primero se publicó la versión original aprobada por la Contraloría para luego reemplazarla de inmediato por el nuevo texto.
