La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, llega a esta semana con varios frentes abiertos. El más inmediato es la comparecencia del director de la PDI, Eduardo Cerna, citado para este lunes 6 de abril ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
En la instancia, la cabeza de la institución policial deberá responder por las circunstancias que rodearon el llamado a retiro de la prefecta general Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia con más de 36 años de carrera en la institución.
El caso se desencadenó el 13 de marzo, a solo dos días de que Steinert asumiera el cargo, cuando la ministra envió un oficio reservado a Cerna solicitando antecedentes sobre el traslado de cuatro detectives que habían trabajado con ella en el operativo contra el “Clan Chen” en Tarapacá.
Peña respondió el oficio el 19 de marzo y al día siguiente Cerna firmó su retiro, a petición de la ministra según distintas fuentes al interior de la PDI.
Sin embargo, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, Steinert atribuyó la decisión a la propia institución policial, versión que el presidente José Antonio Kast también respaldó públicamente.
Esa contradicción es precisamente lo que los parlamentarios buscan resolver con la citación a Cerna, quien hasta ahora ha guardado silencio público.
El diputado Jaime Araya (PPD), quien impulsó la convocatoria, formalizó mediante oficio las preguntas que se harán al jefe policial: los fundamentos del llamado a retiro, las circunstancias en que se produjo —fuera del período habitual de movimientos en la institución—, el mecanismo de notificación a Peña y, de forma central, quiénes participaron de la decisión.
Contraloría, interpelación y una nueva arista
La presión no viene solo del Congreso. La Contraloría General de la República otorgó un plazo de diez días a Steinert y Cerna para que entreguen antecedentes sobre el oficio reservado, buscando determinar si la ministra se extralimitó en sus atribuciones al solicitar información vinculada a una investigación penal en curso.
La actuación del ente fiscalizador se produjo a petición del diputado PS Raúl Leiva, también integrante de la Comisión de Seguridad.
El senador Iván Flores (DC) fue más lejos y apuntó a la necesidad de una comisión investigadora.
“El país necesita y merece saber la verdad en este contexto de mentira institucionalizada. Bien por la tarea que va a hacer la Contraloría, pero quizás la única forma de saber la verdad sea en una comisión investigadora de la Cámara, donde quienes concurran están obligados a decir la verdad, bajo juramento o promesa”, afirmó.
El diputado Héctor Barría (DC) anunció que solicitará a su bancada gestionar la interpelación de la ministra.
“He solicitado a nuestra bancada de diputados DC que gestionemos la interpelación a la ministra de Seguridad Steinert”, señaló.
La arremetida opositora se intensificó luego de que el medio Reportea publicara un reportaje que agrega una nueva arista al cuadro: antes de asumir como ministra, Steinert habría decidido no llevar a la Corte de Apelaciones de Iquique el caso “Cajas de alimentos”, una causa por corrupción en la compra de más de 45.000 cajas durante la pandemia, que terminó con la absolución de ocho acusados, entre ellos el exintendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada (UDI) y otros dirigentes del actual oficialismo.
Según el reportaje, el escrito para pedir la nulidad del fallo estaba redactado en la fiscalía, pero Steinert decidió no presentarlo. La ministra no quiso referirse al tema, aunque su entorno descartó que la decisión haya tenido motivación política.
