El Arzobispado de Santiago enfrenta una denuncia por Ley Karin presentada por una ex trabajadora, que desempeñó funciones entre abril y agosto de este 2024.
Según precisó radio Biobío, la denunciante fue contratada tras postular al cargo de community manager tras un proceso de selección laboral, sumándose el 3 de abril al equipo de Comunicaciones del arzobispo Fernando Chomalí.
La mujer fue contratada a plazo fijo por tres meses, el que posteriormente se extendió solo por un mes más, a pesar del compromiso del Arzobispado de entregarle un contrato indefinido.
La involucrada apuntó que un nuevo periodista que se sumó al equipo comenzó a realizar una serie de acciones para desvalorizarla, como el excluirla de reuniones de trabajo, por lo que dio cuenta de esta situación a su superior.
En esta línea, puntualizó que estos episodios se fueron incrementando con la llegada de una nueva periodista, que también la hostigó y evitaban sumarla a reuniones, aduciendo que “estaba ocupada”. Al intentar enfrentarla por estos hechos, habría sido víctima de una “encerrona” que le provocó problemas emocionales.
A pesar de haber seguido el conducto regular para denunciar por Ley Karin en el Arzobispado de Santiago y que el organismo le indicó que notificarían de este hecho a la Inspección del Trabajo, no existe registro de una investigación formal por su situación.
Ante las vulneraciones a sus derechos fundamentales, la mujer pide una reparación por daño moral de $15 millones, una indemnización de $14,3 millones – equivalentes a 11 remuneraciones- y el pago de $91 mil por horas extras.
