A partir del 1 de enero de 2027 los funcionarios públicos de 75 o más años se verán obligados a jubilar, de acuerdo a lo dispuesto en una cláusula incorporada en la Ley 21.724 de Reajuste del Sector Público, la que fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
La normativa, que fue busca fortalecer el incentivo al retiro, les entregará a las personas que cumplan con el mencionado requisito una indemnización correspondiente al total de la remuneración que perciben cada año en su repartición, hasta un máximo de seis.
Sin embargo, lo que en una primera mirada pareciera representar un beneficio para aquellos funcionarios públicos que permanecen trabajando pese a que legalmente están en condiciones de jubilar desde los 65 años, ha despertado críticas desde diversos actores que cumplen con los requisitos y estiman que la cláusula generará una cultura “anti viejos” en el país.
Los cuestionamientos a la medida
El primero en levantar la voz para alertar sobre esta situación es el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, José Rodríguez Elizondo, de 88 años.
“El exterminio edadista de esa Ley es anacrónico. Decodificando con todo respeto, digo que así como hay jóvenes tontos y flojos, también existen viejitos inteligentes y activos”, aseveró el docente en una carta que le envió a El Mercurio.
Luego ahondó el tema en diálogo con radio Biobío, y planteó que “nuestra labor hoy es reproducir lo que sabemos y transmitirlos a quienes nos sucederán, pero esto es un rayo que nos parte a la mitad”.
La rectora de la misma casa de estudios superiores, Rosa Davés, de 75 años, consideró que la normativa “representa una clara vulneración a la autonomía universitaria“.
En esa línea, manifestó que confía que “este error será corregido mediante una reforma o, al menos, que su interpretación se ajuste de manera que no perjudique la calidad ni la dignidad de nuestras instituciones”.
Qué funcionarios no serán obligados a jubilar a los 75 años
Junto con los cuestionamientos a que los funcionarios públicos sean obligados a jubilar a los 75 años, surgieron también críticas a aquellos a los que la ley deja fuera de esta imposición.
Y es que la normativa fue aprobada por el Congreso y, no obstante, no regirá para los diputados ni senadores, y tampoco para los ministros de Estado.
Uno de lo que apuntó a este hecho es el astrónomo y divulgador científico José Maza, de 77 años, quien recalcó que la “ley pareja no es dura. Como ellos hacen la ley, se excluyen de la misma“, apuntó.
De esta forma se refirió al hecho de que si los legisladores estuvieran incluidos en la normativa, varios de ellos, como los senadores José Miguel Insulza, Francisco Huenchumilla y Jorge Soria, tendrían que abandonar el Congreso el 1 de enero de 2027.
Entrevistado por radio Biobío, el Premio Nacional de Ciencias Exactas sostuvo que “no me imagino viendo televisión todo el tiempo. Van a empezar a dar un estímulo para irse al cementerio“.
De acuerdo con lo argumentado por los legisladores que aprobaron la ley y que quedaron excluidos de ella, aquello se debe a que son elegidos por mandato popular y no están regidos por el estatuto administrativo, como sí lo están los funcionarios públicos.
