A siete meses de la explosión de una bomba molotov en el interior de uno de los baños del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en el que 35 estudiantes resultaron quemados, apoderados de los afectados acusaron “abandono de las autoridades” tras el accidente que dejó a varios alumnos internados en diferentes recintos hospitalarios durante 2024 y 2025.
A través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric y los ministros de Educación y Salud, Nicolás Cataldo y Ximena Aguilera, respectivamente, 10 familias de los alumnos afectados acusaron que tras el hecho de extrema gravedad que ocurrió el 23 de octubre de 2024, “la respuesta institucional fue negligente y revictimizante, que se priorizó la lógica punitiva por sobre el cuidado de las víctimas, que se vulneraron derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y que las instituciones responsables han incumplido sus deberes éticos, administrativos y legales”.
De acuerdo a lo que se expone en la misiva, autoridades gubernamentales del ámbito educativo y salud, se reunieron con padres, madres y familia de los afectados, para consultar las necesidades y comprometer acciones, asegurando que las atenciones médicas estarían cubiertas completamente.
En este sentido, la mayoría de las familias solicitó poder acompañar a los jóvenes en su estadía médica en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central). Sin embargo, pese a acceder a esa solicitud, “HUAP no contaba con recursos para asumir esos acompañamientos en condiciones dignas”.
Bajo este contexto, aseguraron que surgieron nuevos problemas, tales como falta de personal de salud mental en días de crisis, información errónea luego de cirugías, negligencias con medicamentos, entre otros.
Carolina Ávila, una de las apoderadas de los estudiantes del INBA que resultaron quemados tras la explosión en el recinto, expuso a EL DÍNAMO que “los acompañamientos en salud mental han sido deficientes o nulos tanto para los jóvenes como para sus familias y demás integrantes de la comunidad educativa que resultaron afectados con la experiencia”.
A un mes del accidente que conmocionó a la comunidad del establecimiento, los apoderados afirmaron que el apoyo inicial comenzó a diluirse y “las necesidades reales empezaron a hacerse latentes”.
“Algunos padres y madres han perdido sus fuentes de ingreso. Entre nosotros nos ayudamos con insumos que nos han ido quedando… Pero es insuficiente”, sostuvo Ávila.
En este sentido, expone que han debido enfrentar los costos extras de cada tratamiento, ya que si bien, el grueso de las atenciones estuvieron cubiertas por GES, han surgido necesidades de cremas, parches, gasas, movilización a controles, gestión de manera particular para silla de ruedas y otros insumos de uso cotidiano que no están considerados en la inmediatez.
“Sumado a ello, el costo emocional y psicológico fue manejado de manera errónea y las familias hemos debido enfrentar los costos de salud derivados del accidente, sin existencia de mecanismos de reparación integral”, se lee en la carta.
¿Cómo ha sido la evolución de los estudiantes del INBA?
De los 35 estudiantes que quedaron heridos, 16 cursaban cuarto medio, mientras que los demás se encontraban entre primero y tercero medio. En cuanto a los alumnos que cursaban el último grado, se les cerró el año escolar, considerando que ninguno de ellos tenía riesgo de repitencia.
Con respecto a la evolución en la recuperación de cada uno de los jóvenes, la apoderada señaló que “algunos han avanzado en sus tratamientos físicos de manera favorable y otros no. Todavía hay quienes deben someterse a cirugías y han recaído al hospital. Sin embargo, Coaniquem ha desempeñado un rol fundamental en los procesos de recuperación“.
Por otra parte, explicó que desde el punto de vista psicológico, algunos jóvenes se muestran aparentemente tranquilos y con disposición para retomar sus vidas. Sin embargo, otros se han visto obligados a abandonar sus proyectos, perdiendo el año académico y enfrentando una profunda desmotivación.
“Cada caso implica un proceso singular, con tiempos, impactos y formas distintas de enfrentar lo ocurrido. Lo cierto es que todos, en mayor o menor medida, han sido afectados y requieren apoyo continúo para reconstruir sus trayectorias personales y emocionales“, añadió.
“Algunas familias decidieron retirar a sus hijos del establecimiento, mientras que otras optaron por permanecer. No obstante, en términos generales, las autoridades no han mostrado un real interés por conocer el estado de salud de los jóvenes afectados. La actitud inicial se centró en presionar para que ellos entregaran declaraciones, lo que generó malestar”, complementó Ávila.
“Enfoque de derechos”
Los apoderados de los estudiantes que resultaron quemados en los incidentes al interior del INBA manifiestan que desde la Seremi de Salud “se nos indicó que el apoyo se daría dentro de las atribuciones y gestiones disponibles. Esta respuesta solo evidenció el desconocimiento del contexto en que se encontraban las familias, ignorando sus necesidades reales y demostrando falta de voluntad para brindar una ayuda pertinente y contextualizada”.
“Todas las familias, esperamos que las autoridades modifiquen su mirada hacia un enfoque de derechos, que puedan visibilizar esta situación y apoyarnos en la solicitud de una reparación integral”, sostuvo Ávila.
Por su parte, señalan que el Mineduc ofreció preuniversitarios para los jóvenes del INBA que egresaron de 4° Medio. Sin embargo, “a la fecha, el ofrecimiento se ha materializado de manera tardía, y en otros no se ha materializado, generando profunda preocupación y desmotivación de los jóvenes frente al futuro que proyectan”.
Con respecto al establecimiento educacional, la apoderada comentó que “el INBA, ha presentado un escenario inestable para todos, inseguro, irrespetuoso y prejuicioso, donde el rector interino Gonzalo Saavedra, no ha hecho sino dañar aun más a esta comunidad (a propósito de sus desafortunados dichos). Quisiéramos, además, destacar el profundo quiebre en las confianzas, en ese sentido, para los que quedan habitando ese lugar (estudiantes, profesores, asistentes de la educación, apoderados, etc), esperamos se realicen acciones permanentes y colaborativas, que incluya una mesa de trabajo sostenida para tratar todas las aristas que permitan avanzar en el cuidado de quienes más importan: los estudiantes”.
En este escenario, exigen reparación integral para las víctimas y sus familias, que incluya atención médica, acompañamiento psicológico, apoyos escolares y compensaciones económicas, y que se establezcan protocolos para la gestión de emergencias en contextos educativos, con enfoque en derechos humanos.
