Tanto desde el Gobierno, como desde el mismo Congreso y el Colegio de Periodistas se rechazó este jueves el proyecto de ley presentado por un grupo de senadores para tipificar y sancionar a quienes divulguen antecedentes de una investigación penal reservada, en lo que se denominó como la Ley Mordaza 2.0.
La iniciativa, que implementaron los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), busca sancionar con penas de cárcel la divulgación de tales antecedentes.
El proyecto surgió en la Comisión de Constitución del Senado y desde ella se aboga por un rápido trámite, con el propósito de abordar las filtraciones como las registradas en los casos Audios, Monsalve, Sierra Bella y otros.
Quienes cuestionaron la iniciativa la calificaron como Ley Mordaza 2.0, debido a que, según su parecer, tiene características similares al proyecto presentado en 2016 y que buscaba evitar la divulgación de los antecedentes en los casos Penta y SQM. Bautizada como la Ley Mordaza, terminó siendo rechazada en aquella oportunidad.
Cuestionamientos desde todos los sectores
Durante esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se opuso de manera categórica al proyecto de la Ley Mordaza 2.0, y aseguró que este tipo de prácticas “no tienen ninguna justificación legal”.
Si bien admitió que las filtraciones en los casos mencionados se deben investigar, el Gobierno ha dejado en claro es que “en una sociedad democrática la libertad de prensa es clave“.
Sobre las filtraciones, el secretario de Estado sostuvo que “las normas vigentes hoy día son suficientes para sancionarlas. Creo que hay que evitar referencias o indicaciones“.
Por otra parte, legisladores de distintas bancadas cuestionaron la iniciativa, como el senador socialista Tomás de Rementería, quien apuntó que “la responsabilidad no es de los periodistas que hacen su trabajo. Los periodistas tienen una labor que es informar. Acá el problema está en los intervinientes en el proceso judicial”.
Por su parte el senador Iván Flores (DC) planteó que el proyecto “tiene el foco cambiado y no diferencia entre quienes filtran y quienes informan; de ningún modo se puede afectar la libertad de prensa, pilar fundamental en una democracia”.
A la vez, la senadora Fabiola Campillai (Ind) estimó que “este proyecto es tan grave que atenta contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y contra la plena libertad de prensa que Chile ha ratificado en tratados internacionales, como el Pacto de San José”.
Qué dijo el Colegio de Periodistas a la Ley Mordaza 2.0
Por su parte, el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas calificó la iniciativa como una “amenaza” al derecho a la información y manifestó que “al no diferenciar entre quienes filtran y quienes informan, expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática“.
“Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos”, expresó el gremio a través de una declaración pública.
En el texto se añadió que “esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia“, y que “perseguir a quienes informan sólo atenta contra el rol esencial del periodismo”.
