El 29 de enero de 2026, a pocas semanas de terminar su mandato, el presidente Gabriel Boric participó en la inauguración del nuevo Museo Regional de Atacama, en Copiapó. El mandatario abrió su discurso con elogios al trabajo de los funcionarios del recinto, pero luego de unas cuantas frases hizo un paréntesis inesperado. Frente a autoridades de gobierno, alcaldes, jefes militares, profesores y estudiantes llegados desde distintas localidades de la región, el mandatario lanzó:
–Disculpen la digresión: qué bueno que echamos al director del SLEP porque no he conocido a una persona más descriteriada.
La salida de libreto generó aplausos inmediatos y también murmullos y risas. El gobernador Miguel Vargas, el alcalde Maglio Cicardini y, en general, todos los dirigentes y autoridades sabían a quién aludía Boric. Veinte días antes, el viernes 9 de enero, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama había celebrado su quinto aniversario con una fiesta que tuvo alfombra roja, alcohol y hasta una limusina Hummer. En los días siguientes, el vistoso vehículo apareció profusamente en portales de noticias, matinales y grupos de WhatsApp. Para un SLEP que un año antes había hecho noticia por un paro de profesores que se extendió por casi tres meses, la limusina y la alfombra roja eran la guinda de la torta, la clase de desatino que necesita urgentemente de un responsable. Y ese no podía ser otro que Daslav Mihovilovic Pérez, director del SLEP. A él aludía Boric con su digresión.
Mihovilovic presentó su renuncia el lunes 12 de enero, tres días después de la fiesta. Dos días más tarde, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para indagar el uso de fondos públicos en la celebración. Una auditoría realizada en el SLEP tras la salida de Mihovilovic demostró que la fiesta fue pagada con fondos privados, pese a lo cual la indagatoria de la Fiscalía sigue abierta y bajo reserva.
En cuanto a Mihovilovic, no se volvió a saber de él hasta comienzos de marzo, cuando interpuso una querella por injurias graves con publicidad en contra del presidente Boric. Esa acción judicial recibió un fuerte revés justo esta semana, cuando la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el desafuero del exmandatario al considerar que sus expresiones hacia Mihovilovic no constituían un delito.
Lo que viene a continuación es la versión de los hechos de Daslav Mihovilovic. Es la primera vez que accede a conversar con un medio tras su historiada salida del SLEP de Atacama. Reconoce que fue su decisión hacer la fiesta porque buscaba “fortalecer el espíritu de grupo en un servicio donde reinaba la tensión”. Y asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para que se conozca la verdad. “Nunca en mi carrera tuve un conflicto de probidad; al contrario, siempre cumplí con los lineamientos ministeriales de manera estricta. Lo que hice fue introducir criterios técnicos y reducir la injerencia política. Quizás eso fue, irónicamente, lo que me jugó en contra”, afirma hoy.
El poder de la amistad
Daslav Mihovilovic es profesor de Educación Básica, ingeniero comercial y máster en Educación. En el año 2020 llegó a través de Alta Dirección Pública a ejercer como jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del SLEP de Valparaíso. Cuando dos años más tarde el director titular Manuel Pérez fue sumariado por una serie de irregularidades, Mihovilovic asumió como director subrogante.
Estuvo en ese cargo por dos años, periodo en el que sus mayores preocupaciones fueron mejorar la infraestructura de los colegios a su cargo, lidiar con las protestas estudiantiles y mejorar los resultados en la PAES y el SIMCE. Quería consagrarse a su labor técnica, pero la política terminó por alcanzarlo.
A la salida de una reunión en Santiago, el entonces director nacional de Educación Pública, Jaime Veas, le pidió que incorporara al SLEP a un amigo suyo. “Director, es complejo lo que me pide, usted ya me ha ido conociendo”, le dijo Mihovilovic. Veas hizo como que no escuchaba: “Recíbelo, escúchalo y ve si puedes ayudarlo”, le respondió.
El amigo en cuestión resultó ser el exseremi de Educación Pablo Mecklenburg (PPD), quien esa misma noche llamó a Mihovilovic con un pedido muy específico. Quería hacerse cargo de responder las denuncias que llegaban desde la Superintendencia de Educación. “No es posible”, le dijo Mihovilovic. “Lo que puedo hacer es tratar de ubicarte en un colegio, en un rol directivo intermedio”, ofreció.
La respuesta no fue bien recibida, y Mihovilovic no volvió a saber del tema hasta junio de 2024, cuando fue removido de su cargo. Su reemplazo, nombrado por el presidente Gabriel Boric, asumiría un mes más tarde: el ya citado Pablo Mecklenburg.
Aterrizando en Atacama
Mihovilovic pasó los meses siguientes asesorando a la senadora Yasna Provoste (DC) hasta que en febrero de 2025 fue nombrado director suplente del SLEP de Atacama.
Llegaba a un territorio complejo, históricamente controlado por el Partido Socialista y en un año de elecciones. Su trabajo previo con la senadora Provoste, rival directa de la diputada PS Daniella Cicardini por uno de los cupos senatortiales de Atacama, no fue precisamente una ayuda. Pero dirigir un servicio que administra 78 establecimientos, emplea a 4.600 trabajadores y maneja un presupuesto superior a los 90 mil millones de pesos era probablemente la oportunidad más importante que había tenido en su carrera. Lo que no sabía era lo que iba a encontrar ahí adentro.
A pocos días de asumir, su jefe de gabinete, Rodrigo Barrientos, solicitó las llaves de una de las tres bodegas que el SLEP arrendaba en Copiapó, en este caso la de calle Maipú 850, donde se almacenaban los insumos adquiridos por la Unidad de Compras y Logística. En diez meses, esa unidad había generado 843 órdenes de compra por un total de 1.145 millones de pesos. Todo esto, mediante el mecanismo de Compra Ágil, modalidad que permite adquirir bienes y servicios por hasta 30 UTM (unos dos millones de pesos) sin licitación.
El galpón, de más de 100 metros cuadrados y arrendado por una suma mensual de 6,2 millones de pesos, estaba atiborrado de productos: cunas, insumos de oficina, muebles, equipos electrónicos y vestuario. Días después, en una segunda visita, faltaba al menos la mitad. Nadie supo explicar adónde habían ido todos los artículos desaparecidos. No había libro de control de ingresos ni de salidas, ni registro de los funcionarios que accedían al lugar.
El desorden en la Unidad de Compras, el exceso de tratos directos y las solicitudes de pago sin contrato pusieron en alerta a Mihovilovic. Encargó una auditoría de todos los procesos de adquisiciones, la que cubriría diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Dicha investigación estableció que los servicios de traslado de insumos habían sido adjudicados a dos empresas distintas: Norplastic Ltda. y Comercial Pellahuén, pero que tenían un mismo dueño. Y Norplastic, además, estaba exenta de la Ley de Compras, lo que hacía irregular su contratación desde el origen. La responsable de estas gestiones había sido la encargada de Compras y Logística, Viviana Arana Araya, quien ya contaba con anotaciones de demérito por irregularidades previas.
Un par de años antes, Arana contrató a un profesional para inventariar las bodegas del SLEP y elaborar una herramienta de gestión del stock. El trabajo lo realizó Julio Cortés Donaire, contratado y supervisado por la funcionaria de la Unidad de Compras, Roxana Iriarte Gallardo. Por dos meses de trabajo, Cortés recibió una renta bruta de 4,3 millones de pesos. La auditoría detectó que Iriarte y Cortés vivían juntos al momento de ejecutarse el contrato. Los registros de transparencia activa muestran además que Iriarte había ascendido cinco grados sin concurso en menos de dos años, mejorando sustancialmente su remuneración.
Licitaciones diseñadas para fracasar
Uno de los hallazgos más significativos de la auditoría fue que la casi totalidad de los procesos de licitación quedaron desiertos. “Las bases eran tan exigentes que ningún proveedor cumplía el perfil”, afirma Mihovilovic. Ese resultado no era un fracaso administrativo: era la justificación para recurrir al trato directo, mecanismo que la Ley N° 19.886 reserva para casos urgentes. En el SLEP de Atacama se había convertido en la regla.
Por esta vía, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, se realizaron compras por 1.594 millones de pesos. Un solo proveedor acaparó más del 54% de esos recursos: Global Pro S.A., de la que seguiremos hablando más adelante.
En paralelo, la auditoría detectó 643 millones de pesos en pagos a proveedores sin ningún acto administrativo como respaldo. Los seis integrantes de la Unidad de Compras y Logística declararon ante los auditores que realizaban su trabajo según la experiencia de cada uno, no en base a funciones definidas. Justificaron sus procedimientos por una supuesta falta de conocimiento en compras públicas, a pesar de que todos estaban certificados en nivel experto o avanzado.
Fuentes reservadas añaden otro hallazgo que, por estar fuera del alcance de la auditoría, no fue investigado. En reiteradas ocasiones, algunos proveedores presentaban las ofertas más ventajosas apenas minutos antes del cierre de los procesos, adjudicándose contratos millonarios. Hasta ahora, estos indicios de uso de información privilegiada no han sido pesquisados.
Sumarios, facturas duplicadas, destituciones
Dice Mihovilovic que cuando llegó a hacerse cargo del SLEP de Atacama había unos 130 sumarios atrasados. A eso se sumaban algunas investigaciones del periodo 2020-2022 que seguían abiertas. Instruido por Mihovilovic, el jefe jurídico del SLEP, Paul Núñez, logró dar término a más de 50 de estos procesos administrativos. Pero además se hizo necesario comenzar 60 sumarios más que involucraron a dirigentes, profesores y asistentes de educación.
El caso más complejo fue el de Mauricio Canales Guerrero, profesional de la Dirección de Administración y Finanzas cuya función era supervisar los contratos de transporte escolar de Global Pro S.A. Canales trabaja en el SLEP desde que abrió sus puertas, en 2020. Global Pro fue creada un año después y desde entonces se ha adjudicado la mayor parte de las licitaciones de transporte del servicio, por un monto cercano a los tres mil millones de pesos anuales.
El hallazgo que desencadenó el sumario fue casi accidental. Global Pro factorizó una factura de 60 millones de pesos, lo que obligó al SLEP a pagarla. Pero ese mismo documento ya había sido cancelado previamente. El posible doble pago expuso una anomalía más profunda: pagos por servicios prestados aparecían disgregados en múltiples documentos tributarios, mientras la factura original que cubría la totalidad del servicio también habría sido cobrada y pagada. Mihovilovic instruyó un sumario contra Canales y solicitó además una auditoría histórica de todos los servicios de transporte pagados por el SLEP.
El impacto se sintió de inmediato. Mauricio Canales, el presidente del gremio José Núñez y otros dirigentes comenzaron a reunirse con más frecuencia en el comedor del SLEP. “Había mucho nerviosismo”, recuerda Mihovilovic.
El jefe de Planificación, Ricardo López, intentó su propio arreglo: según un testigo, llegó contando que había convencido al proveedor de que devolviera el dinero. La respuesta fue inmediata: “Eso es completamente irregular, no se puede pedir al proveedor la devolución del dinero”.
Ante el cúmulo de anomalías, Mihovilovic reforzó la Unidad de Compras con dos abogados adicionales para acelerar los procesos disciplinarios. Canales fue notificado del inicio de un sumario en su contra y pidió diez días para apelar.
La maquinaria en acción
En noviembre de 2025, Viviana Arana y Roxana Iriarte fueron informadas de que sus contratos no serían renovados a partir del 31 de diciembre, como consecuencia directa de las responsabilidades detectadas en la auditoría.
El presidente del gremio, José Núñez, acudió personalmente a la oficina de Mihovilovic para interceder por Iriarte. “Daslav, entiendo que Viviana es la jefa y le asiste responsabilidad. Pero a Roxana déjala, y quedamos bien”, le dijo. Mihovilovic se mostró inflexible: las conclusiones de la auditoría eran categóricas y no había margen para retroceder.
Esa negativa tendría repercusiones. A cientos de kilómetros, la recién electa senadora Daniella Cicardini presentó una denuncia de carácter anónimo ante la Comisión del Trabajo y Seguridad Social del Senado, cuestionando la auditoría y defendiendo a las funcionarias Arana e Iriarte. Argumentó que tenían altas calificaciones y que todo se basaba en “un supuesto sumario del que nadie conoce, nadie sabe qué contiene y nadie tampoco entiende qué fue lo que concluyó”.
Tampoco ayudó al ambiente interno del SLEP que Mihovilovic hubiera implementado un ajuste que afectó a más de un centenar de funcionarios, reduciendo cerca de 22 mil horas no autorizadas. La medida seguía los lineamientos del Ministerio de Hacienda y significaba un ahorro de 1.800 millones de pesos. Pero para quienes perdieron horas o fueron desvinculados, era otra razón más para descontento. El clima estaba tenso, y solo faltaba una chispa.
Y entonces, la fiesta
La primera vez que Mihovilovic escuchó sobre la fiesta fue a mediados de diciembre. El jefe de Comunicaciones del SLEP, Christopher Godoy, le hizo la propuesta. El servicio estaba a punto de cumplir cinco años y nunca había celebrado un aniversario. La idea era hacer un evento para los funcionarios: una noche con aperitivos, alfombra roja y diplomas para los trabajadores destacados.
Mihovilovic aceptó, con una condición: el financiamiento tendría que ser externo. En los días siguientes se logró comprometer aportes de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CAPUAL. La fiesta parecía resuelta.
Pero un par de días antes del evento, la ACHS informó que el único gasto que no estaba autorizado era el cóctel. Fue entonces que el encargado de Planificación, Ricardo López, facilitó el contacto de una empresa que podía resolver el problema: Limuhummer. Quedaban 72 horas para la celebración.
Mihovilovic y su equipo se reunieron con la representante de la empresa en el Casino Luckia de Copiapó para cerrar los detalles. Pero junto a ella apareció un hombre que se presentó como Edwards Sierra, de Global Pro. “He hecho varios eventos en el Luckia y puedo abaratar costos”, ofreció.
Mihovilovic lo reconoció de inmediato: era el dueño de la empresa contra la que había instruido un sumario todavía en curso. Tenía dos opciones: suspender la actividad o seguir adelante. Al no existir recursos fiscales comprometidos, eligió lo segundo. “De otra forma se caía todo”, cuenta hoy. “Era una instancia para reencontrarnos con los funcionarios después de meses de tensión”, agrega.
La fiesta se realizó el viernes 9 de enero en el subterráneo del Casino Luckia (ex Antay). El costo total ascendió a un millón 250 mil pesos, distribuidos entre el arriendo del salón, la alfombra roja, el audio, la iluminación, los diplomas y un cóctel con canapés, jugos y un pisco sour o espumante por persona. Para 120 invitados, eso significaba unos 10.400 pesos por asistente. La barra del bar estuvo abierta para quienes quisieran pagar sus propios tragos, de forma particular.
La limusina Hummer que aparecería en todos los portales de noticias al lunes siguiente no estaba en el programa. “Cuando llegamos nos extrañó”, dice Mihovilovic. “Nunca se habló de ella ni estaba considerada. La misma productora decidió instalarla en la entrada para publicitar su empresa”.
Al día siguiente, Anyelina Torres Espinoza, presidenta de la Federación Regional de Asistentes de la Educación del SLEP Atacama, activó la maquinaria. A través del grupo de WhatsApp AFEPTACO Copiapó, pidió a las bases que enviaran fotos y videos a las redes sociales. El material no tardó en circular.
Los registros del grupo muestran que Torres reenviaba mensajes de la senadora electa Cicardini –quien calificaba la situación de “impresentable” y anunciaba que llamaría a su abogada– y del ministro de Educación Nicolás Cataldo, que respondió: “Gracias por el aviso, compañera. Estamos tomando medidas”. También apareció un mensaje del diputado socialista Juan Santana: “te llamo en un ratito”.
En Santiago, la imagen de la limusina Hummer frente a un SLEP con escuelas en mal estado y un paro docente de 80 días apenas un año antes resultó indignante. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó la fiesta de “completamente desubicada”. La diputada Sofía Cid habló de “total desconexión con la realidad”. Notas de prensa recordaron que Atacama figura como la región con peores resultados en la PAES y que los estudiantes de segundo medio promediaron 245 puntos en el Simce de Matemática de 2023, doce puntos bajo la media nacional.
Para contener la crisis, ese mismo lunes 12, tres días después de la fiesta, el ministro Cataldo pidió la renuncia de Mihovilovic, quien la presentó ese mismo día. Desde entonces, su mayor deseo es limpiar su nombre. Por eso la querella por injurias contra el expresidente Gabriel Boric, que ha decidido llevar hasta la Corte Suprema. Su abogado, Raimundo Palamara, presentó el correspondiente recurso de apelación ante el máximo tribunal argumentando que los dichos de Boric no criticaron la fiesta, sino que fueron un ataque a la persona.
Mientras tanto, se diría que todo volvió a la normalidad en el SLEP de Atacama. Roxana Iriarte fue reintegrada y hoy trabaja en el Departamento de Administración y Finanzas. Mauricio Canales permanece en su puesto. La investigación iniciada por el Ministerio Público permanece bajo reserva y aunque la PDI allanó el domicilio y las oficinas de Edwards Sierra, dueño de Global Pro S.A., la causa no ha sido judicializada y no hay plazos definidos por el tribunal. Por otro lado, el ajuste de dotación que Mihovilovic implementó por instrucción del Ministerio de Hacienda fue revertido silenciosamente. Es como si la fiesta nunca hubiera terminado.
