Solo 10 minutos bastaron para que Osmar Alexander Ferrer Ramírez, venezolano con situación migratoria irregular en el país, dejara la prisión preventiva decretada en su contra por el homicidio del empresario José Reyes, conocido como “El Rey de Meiggs“.
La rápida salida del sicario provocó una crisis en el sistema judicial nacional, con una investigación urgente del Ministerio Público y el Poder Judicial que se encuentra en desarrollo.
El caso comenzó el 19 de junio, cuando Ferrer junto a otros dos sospechosos de su misma nacionalidad habrían concretado el asesinato de Reyes. Les habían ofrecido 30 millones de pesos por el ilícito. Casi un mes después, el 8 de julio, los tres fueron detenidos tras pasar un tiempo escondidos en Osorno y haber vuelto a la capital, ya que asumían que nadie iba detrás de sus pasos.
Un día después, el martes 9 de julio, comenzaron los fallos administrativos. El 8° Juzgado de Garantía emitió una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas para Ferrer, instrucción que quedo sin efecto solo ocho minutos después, a las 20:25. El motivo era que el nombre de Osmar Ferrer estaba mal escrito en el documento, lo cual fue detectado por Gendarmería y le permitió concretar la liberación del presunto sicario.
Tres minutos más tarde, a las 20:28 horas, el Juzgado volvió a emitir una orden de ingreso a prisión preventiva, esta vez con los antecedentes correctos, pero para entonces ya era demasiado tarde. La resolución no fue tomada en cuenta, pues el imputado de 18 años nunca debía haber salido de prisión preventiva.
“Existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 y a las 14:13 horas, respectivamente, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas“, detalló el Poder Judicial en un comunicado. Sin embargo, la tarde del mismo 10 de julio Ferrer quedó en libertad.
Jueza y funcionarios colaboran con la investigación
La jueza a cargo del caso, Irene Rodríguez, junto a otros funcionarios del 8° Juzgado de Garantía hicieron entrega voluntaria de sus celulares, además de otras incautaciones efectuadas en el marco de la indagatoria sobre el presunto sicario liberado.
“Tomamos declaraciones en calidad de testigo a la señora magistrada y a funcionarios del tribunal. Además, voluntariamente hicieron entrega de sus dispositivos celulares, los cuales levantamos para registrar información que pudiera ser útil”, dijo en conferencia de prensa el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén.
Asimismo, Pastén aseguró que se analizaron instrumentos claves en la secuencia de errores: “Incautamos computadores desde los cuales hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes“.
