La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, aseguró que tras la polémica liberación del sicario venezolano Osmar Ferrer “no hubo ningún dolo, ni una corrupción ni nada en el Poder Judicial“.
Junto con plantear que la investigación sobre el caso está recién comenzando, la magistrada que firmó el oficio con el que se permitió que el sujeto dejara el penal de Santiago I, aseveró que “me declaro inocente en ese sentido”.
“Yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas, en la audiencia está muy claro lo que hice, y eso es lo que vale“, dijo, y recalcó que “lo demás hay que ver qué es lo que pasó, ya que es objeto de investigación, pero las tres órdenes de ingreso a Santiago I después de la audiencia fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería“.
La jueza de la formalización del sicario es conocida como Tuto Rodríguez
De acuerdo con lo informado durante esta jornada por radio Biobío, la jueza Irene Rodríguez se habría quedado dormida durante la audiencia en la que se decretó la prisión preventiva de los tres sicarios imputados por el asesinato del empresario José Reyes, conocido como el Rey de Meiggs.
En su reporte, el medio aseveró que la jueza se durmió el pasado 9 de julio, cuando la Fiscalía ECOH estaba exponiendo en el tribunal, por lo que el fiscal a cargo del tema debió repetir sus dichos.
Además, indicó que en el marco de la controvertida liberación del sicario, “trascendió que el apodo de la magistrada era Tuto“.
Quién es la jueza Irene Rodríguez
Luego de trabajar durante años como jueza de familia en San Miguel, la magistrada Irene Rodríguez se desempeña en el Octavo Juzgado de Garantía desde 2016.
Divorciada y madre de tres hijos, se integró al Poder Judicial en 1997, tras cursar sus estudios en la Universidad de Valparaíso y titularse en 1990.
Entre 2001 y 2016 cumplió su trabajo como jueza de familia del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, luego de lo cual integró la terna en la que fue elegida para reemplazar a la magistrada del Octavo Juzgado de Santiago, Ema Tapia.
En 2017 la jueza Irene Rodríguez alcanzó notoriedad pública, tras decretar la libertad de los 17 imputados en el fraude en Carabineros, más conocido como Pacogate, luego de la audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía. En la ocasión, la magistrada aludió a supuestas irregularidades en el proceso.
No obstante, al día siguiente el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó medidas cautelares en contra de varios de los involucrados.
