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Uso irregular de más de $1.200 millones: Contraloría revela falencias de SLEP de la RM

Esto, tras concretar una auditoría para revisar el proceso de Instalación de los SLEP de la Región Metropolitana, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

La Contraloría General de la República evidenció una serie de falencias en la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la Región Metropolitana, entre las que destaca baja ejecución presupuestaria, falta de control y uso irregular de más de $1.200 millones.

Esto, tras concretar una auditoría para revisar el proceso de instalación de los SLEP de la Región Metropolitana, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

Según precisó Contraloría, “por ejemplo se advirtieron deficiencias en las etapas de instalación, mediante el retraso de hasta 250 días en la designación de los directores ejecutivos de los SLEP Santa Corina, Los Libertadores, Del Pino y Santa Rosa, lo que generó demoras en el inicio de sus funciones y afectó la instalación de estructuras críticas como el apoyo pedagógico y la planificación de gestión. Asimismo, más del 40% de los procesos clave del traspaso presentaban un avance igual o inferior al 5%, a pocas semanas del cambio de administración educativa”.

El organismo dio cuenta que la Subsecretaría de Educación no concretó sus funciones de control sobre las labores de la Dirección de Educación Pública (DEP), ya que este estamento no cumplió con la entrega de asistencia técnica para la elaboración de los Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM).

Respecto de situaciones financieras, la Contraloría detectó que de un presupuesto de más de $5.600 millones asignados en 2023, solo se ejecutó un 4,35% y que al tercer trimestre de 2024 aún no se llegaba al 40%. Además, 12 convenios por más de $5.300 millones para obras urgentes de infraestructura escolar no han sido tramitados ni ejecutados.

El organismo de control también constató que los sostenedores rindieron un monto de más de $1.200 millones en pagos por remuneraciones, finiquitos y deudas previsionales entre 2015 y 2024, pese a que estos recursos estaban destinados a financiar gastos existentes hasta el 31 de diciembre de 2014 incurridos en el cumplimiento del Plan de Transición.

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