La suspendida jueza Irene Rodríguez fue imputada por el delito de prevaricación culposa, luego de que fuera sindicada como la responsable de dejar libre a Alberto Carlos Mejía, uno de los sicarios que asesinó a José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs.
Según explicó la misma magistrada en declaraciones anteriores, esta situación es responsabilidad de Gendarmería puesto que “faltó un cotejo y una llamada a tribunal”.
“Hubo un error en pinchar la notificación de la parte administrativa. No puedo decir quién fue y quién hizo ese error. Fue un error pinchar por mail, fue un error” y que “nada habría pasado si Gendarmería hubiera dado un buen cotejo. Ellos tenían que comparar”.
Prevaricación culposa, el delito que habría cometido Irene Rodríguez
Para muchos el término prevaricación puede sonar desconocido, pero según consigna el Poder Judicial es cuando un funcionario público toma una decisión de forma arbitraria. Es decir, cuando sabe que es injusta o contraria a la ley.
En esa misma línea, el imputado actúa de mala fe, ya que está usando su poder para favorecer o perjudicar a alguien. Aquí, además, es clave la intencionalidad ya que la persona sabe que está cometiendo una ilegalidad.
De comprobarse que la jueza efectivamente incurrió en prevaricación puede ser condenada a la inhabilitación para ejercer cargos públicos e incluso perder su derecho a sufragio. Además, dependiendo de la gravedad del caso, podría recibir sanciones económicas o penas de presidio.
