La Contraloría General de la República (CGR) detectó pagos improcedentes por casi 330 millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la sociedad concesionaria a cargo de la obra Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta, de acuerdo con lo informado por el órgano fiscalizador.
En concreto, la CGR precisó que el monto total de lo pagado asciende a $329.540.767, que corresponden a cuatro facturas que emitió la empresa.
A la vez, el ente contralor apuntó a la decisión de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) de desembolsar como gastos asociados al servicio de construcción un monto superior a los 1.734 millones de pesos, a pesar de que la firma no acreditó su vínculo directo con la ejecución de la obra.
De acuerdo con lo establecido por la Contraloría, “los antecedentes proporcionados por la DGC no permiten sustentar por si solos que los gastos considerados por la dirección para determinar el valor de las facturas por el servicio antes señalado, tengan la aludida relación con la ejecución de esta obra“.
La DGC confirmó que presentará un reparo ante el pago por parte del MOP a la sociedad concesionaria, y la correspondiente demanda que da inicio al juicio de cuentas.
Más irregularidades del MOP detectadas por la Contraloría en el Camino de la Fruta
La Contraloría estableció además que, pese a que en algunos casos no se respaldó con documentos el progreso informado por la concesionaria del Camino de la Fruta, la Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance de dos subsectores de la obra.
También se comprobó que la empresa hizo entrega de parte de los proyectos de ingeniería de la obra de manera incompleta, de lo que no se percató la misma inspección, que a la vez dio el visto bueno al proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias, a pesar que no contaba con la aprobación de la autoridad sanitaria, con lo que infringió las bases de la licitación.
Tras las irregularidades detectadas, la Dirección General de Concesiones deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
