El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó este domingo prisión preventiva para los tres cabos del Ejército y un civil que fueron detenidos durante la jornada del sábado con más de 11 kilos de marihuana en la comuna de Puerto Aysén. Fue la jueza Dalia Illesca quien se encargó de tomar la decisión.
La fiscal María Inés Núñez Briso, especializada en la investigación de delitos de tráfico de estupefacientes, defendió la legalidad de las detenciones, afirmando que se cumplía con la hipótesis de flagrancia. Asimismo, fue ella quien solicitó la prisión preventiva de los cuatro imputados, considerando además al civil involucrado en el caso.
Los detenidos arribaron juntos en un vehículo hasta un local de encomiendas, que se trataría de un Chilexpress. El civil N.L.F., que realizó el servicio militar en el Regimiento Chiloé hace dos años, era el destinatario del paquete. Él y el suboficial A.D.P., quien conducía el vehículo, ingresaron a la oficina y retiraron el paquete.
Bajo esa premisa, el abogado Roberto Silva defensor de los dos cabos que permanecieron a la espera del trámite a las afueras del local, A.T.M. y V.V.C., aseguró que ellos se encontraban “en el momento y lugar equivocado”, puesto que se habían reunido con los otros dos imputados para ir a tomar mate a la costanera del río.
“Ellos no tienen participación en este asunto“, aseguró Silva, apuntando a que las pericias a los teléfonos de sus defendidos pueda respaldar sus declaraciones. Por su parte, la versión del abogado Aldo Basquee, defensor de A.D.P., indica que ninguno de los tres uniformados conocía el contenido de la encomienda y que su representado acudió al local para acompañar al civil al retiro del paquete como un favor.
El abogado del civil, Alex Bollman, afirmó que su representado cooperó con la investigación y coincidió en que el resto de los imputados no habrían tenido participación.
Illezca, por lo ocurrido en Puerto Aysén, accedió a la solicitud de prisión preventiva sobre el civil y el suboficial del Ejército A.D.P., luego de la presentación de antecedentes que acreditarían su participación en el delito imputado.
Sobre los otros dos, la jueza aseguró que “el Ministerio Público no ha dado cuenta de antecedentes que permitan suponer fundadamente la participación de ambos imputados en el ilícito“. Para asegurar que se mantengan sujetos al procedimiento, el tribunal decretó su arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El Ministerio Público apeló verbalmente para conseguir la prisión preventiva de todos los imputados, quienes permanecerán detenidos hasta que resuelva la Corte de Coyhaique en un plazo de investigación de 75 días.
