Francisca Burgos Bustos, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, fue una de las personas que prestó declaración ante la Fiscalía Regional de Coquimbo, en medio de las pesquisas por la abortada compraventa de la casa del presidente Salvador Allende en Providencia.
En su testimonio, dado a conocer por Emol, la profesional de la cartera reconoció que no estaba al tanto de una prohibición constitucional para celebrar contratos entre el fisco y autoridades en ejercicio.
“Respecto a la compra de este inmueble debo mencionar que es primera vez que tengo conocimiento que como Ministerio de Bienes Nacionales compramos de oficio, ya que lo que se acostumbra es comprar a solicitud de otros servicios y ministerios, sin embargo, esta vez como los fondos estaban asociados a nuestro ministerio debía nacer desde el mismo la necesidad de compra, por lo que entiendo que se tomó como iniciativa la ya propuesta anteriormente por el Servicio del Patrimonio y las Culturas”, precisó la abogada Burgos.
Junto con ello, detalló que “soy abogada desde el año 2022, egresada de la Universidad de Chile, para posteriormente comenzar mi carrera laboral como abogada en el Ministerio de Bienes Nacionales, específicamente en el departamento de adquisición y administración de bienes como abogada analista”.
Abogada entrega detalles de operación de compra de casa de Allende
“Mi labor como analista del departamento de adquisición era comprobar que el inmueble fuese jurídicamente apto para su adquisición, hecho que implica la revisión de las inscripciones en el conservador de bienes raíces, que no tenga algún tipo de prohibición de venta o limitante, que no tenga deudas, como por ejemplo servicios básicos y contribuciones”, explicó la funcionaria de Bienes Nacionales.
Francisca Burgos aclaró que, si bien ella redactó el contrato de compraventa de la casa de Salvador Allende, el proceso contó con la participación de diversas jefaturas de otras carteras, como Culturas y Presidencia.
“Debo señalar que en la revisión de los documentos olvidé que existía una prohibición constitucional respecto a la venta de esta propiedad, por cuanto dentro de sus dueños existía una senadora (Isabel Allende) y una ministra (Maya Fernández,) sin embargo, debo aclarar que mí labor principal era realizar un análisis documental del inmueble lo que implica los estudios de títulos”, recalcó.
En esta línea, apuntó a Pablo Maino, jefe de su división en BB.NN., quien “desde el momento en que llega el oficio a nuestro departamento nos pide constantemente que nos apuremos, debido a que esta compra se debía ejecutar lo antes posible, ya que de no hacerse se podrían perder los dineros asignados a este proyecto, inclusive entregándonos un cronograma respecto a los plazos que teníamos”.
