La Fiscalía Nacional presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una querella contra el ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por los delitos de cohecho agravado, violaciones de secretos y prevaricaciones administrativas, sobre la base de los chats periciados desde los teléfonos celulares del ex persecutor y el abogado penalista Luis Hermosilla, principal imputado del Caso Audio.
El propósito de la querella, que fue entregada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, es solicitar una medida cautelar en el momento en que el fiscal regional Mario Carrera solicite audiencia para formalizar a Manuel Guerra.
De acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, aunque el ex fiscal regional Metropolitano Oriente ya no pertenece al Ministerio Público, cuando los actos por los que se lo va a formalizar se llevaron a cabo en el ejercicio de sus funciones de persecutor, esta es la vía que corresponde aplicar.
En la querella de capítulos de 71 páginas a la que accedió La Tercera, Mario Carrera sostuvo que llegó a la convicción de que existe “una serie de actos irregulares desplegados por el imputado Guerra” y también la “infracción de diversos deberes que tenía como fiscal regional, que derivaron en los delitos de cohecho agravado, violaciones de secretos y prevaricaciones administrativas, tendientes a favorecer indebidamente los intereses del imputado Hermosilla y su red de contactos, en virtud de los cuales el mismo imputado Guerra solicitó reiteradamente beneficios indebidos, tanto para sí mismo como para terceros”.
Al menos desde el año 2015 y hasta 2021, “Guerra, desempeñándose en su calidad de fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, solicitó en reiteradas ocasiones a Hermosilla beneficios indebidos, para realizar o por haber realizado diversos actos con infracción a sus deberes como fiscal del Ministerio Público, consistentes en la entrega de información reservada y secreta, anticipación de información reservada y secreta, así como otras decisiones y acciones manifiestamente injustas, todas ellas en el contexto de la persecución penal“, añadió.
Fiscalía detalló los favores de Manuel Guerra a Luis Hermosilla
En otra parte de la querella, el fiscal Mario Carrera enumeró las causas en las que Manuel Guerra dirigió investigaciones según los intereses del abogado Luis Hermosilla.
“Utilizando su posición como autoridad regional institucional en el Ministerio Público, Guerra intentó por diversos medios congraciarse con Hermosilla, otorgándole información y antecedentes de forma irregular, anticipándole decisiones administrativas o lisa y llanamente resolviendo administrativamente en favor de los intereses de terceros, anteponiendo irregularmente dichos intereses particulares al interés público que debía guiar su actuar funcionario, infringiendo los principios de objetividad y de probidad“, detalló el texto.
Las ocho causas en las que Guerra actuó según la conveniencia del abogado penalista fueron:
- Caso Penta y el senador Iván Moreira: facilitó salidas alternativas y suspensión condicional de procedimientos.
- Caso Penta y los imputados Carlos Alberto Délano, Pablo Wagner y Carlos Eugenio Lavín: reducción de cargos y procedimientos abreviados.
- Santiago Valdés: entregó información secreta y realizó gestiones en la investigación por delitos tributarios.
- Caso Exalmar: reveló información reservada sobre imputados, incluyendo al ex presidente Sebastián Piñera.
- Senador Manuel José Ossandón: mantuvo informado a Hermosilla sobre avances de la investigación y los intereses del gobierno.
- Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa: brindó consejería técnica a la defensa del imputado Hermosilla.
- Caso Vitacura, con el ex alcalde Raúl Torrealba: accedió a información reservada y la transmitió a Hermosilla tras haber dejado la Fiscalía.
- Caso Huracán y Fiscalía Local de Las Condes: proporcionó información reservada y se involucró directamente a solicitud de Hermosilla, quien era asesor del Ministerio del Interior.
Tras la presentación de la querella contra el ex fiscal Guerra, será la Corte de Apelaciones de Santiago la encargada de establecer si proceden o no las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Nacional.
